Tres meses han pasado desde el “juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela”.
Con 35 años, Juan Guaidó, el ingeniero oriundo de Caraballeda, testigo del deslave de Vargas de 1999, llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional en medio de la vorágine política que arropa a Venezuela, y que ha arrastrado a sus ciudadanos a niveles de incredulidad e incertidumbre nunca antes vistos en la historia moderna de la nación, sumida también en una inconmesurable crisis económica, humanitaria y social.
El 5 de enero de 2019, tomó posesión del Parlamento por un año y presentó al mundo su hoja de ruta para lograr un cambio nacional, que pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
A hurtadillas y con un trabajo de hormiguita, fue captando el apoyo de mandatarios de América Latina, Europa, Asia, y del peso pesado de Estados Unidos, primero en salir al paso y reconocerlo, tras su inesperada juramentación el 23 de enero durante una masiva movilización opositora, que provocó llantos, alegría y expectativa en de la vida política nacional, los opositores ávidos de un nuevo líder y del mundo.
Como un efecto dominó, más de 50 países lo reconocieron como el nuevo presidente encargado de la República, y declararon la “usurpación” en el poder de Nicolás Maduro, por su victoria amañada y envuelta de irregularidades durante las elecciones del 20 de mayo de 2018.
Su primer plan: el ingreso de la ayuda humanitaria, para el que contó con el apoyo y donativos de naciones vecinas. El 23 de febrero fue su fecha objetivo para que insumos, medicinas, equipos quirúrgicos y alimentos, entrarán por las fronteras terrestres y marítimas. Apeló a la Fuerza Armada Nacional para que permitiera su entrada, que fue bloqueada y repelida por fuerzas de seguridad al servicio del régimen de Maduro, y grupos armados que provocaron enfrentamientos y refriega en importantes puentes que comunican a Venezuela con Colombia y Brasil; amén del impedimento mar adentro del paso de un barco estadounidense, que partió desde Curazao a Falcón con cargamento para los más necesitados.
“La ayuda entrará sí o sí”. Tras el primer fracaso, Guaidó, de personalidad serena y verbo cortado, organizó comités de ayuda humanitaria para, de gota en gota, traer al país parte de esa carga que se traduce, según su propia cuenta, en campamentos de atención médica en 12 estados, jornadas de higiene y visitas humanitarias con las que han atendido a más de 40 mil venezolanos.
La persecución y el amedrentamiento de parte de los poderes públicos controlados por Maduro, devengaron en medidas cautelares en su contra, que pasaban desde la prohibición de salida del país hasta el congelamiento de las cuentas bancarias. Sin embargo, Guaidó se atrevió a cruzar la frontera y realizó una gira regional que lo llevó a recorrer cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador) a finales de febrero.
Su salida, camuflajeada e intempestiva, provocó un sinfín de rumores y conjeturas sobre su regreso a Venezuela, pero para asombro de muchos y apuesta de pocos, cumplió su promesa: “Volveré por Maiquetía”. Así ocurrió. Poco después, la contraloría venezolana, de tendencia madurista, lo inhabilitó por 15 años.
El reconocimiento internacional no cesó. El poder legislativo nombró a 18 embajadores de Guaidó para América, Europa y Oceanía; así como también en organismos internacionales como la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, con Ricardo Hausmann.
Su segundo plan: Ley de Amnistía y Garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan en la defensa de la Constitución. El Parlamento venezolano aprobó, en primera discusión, el proyecto que, con ayuda de la sociedad civil, fue dado a conocer en algunos cuarteles del país.
A pesar de la impermeable pared que pareciera tener el mundo militar para aceptar el mensaje y la propuesta Guaidó, su destinatario principal continúa siendo la Fuerza Armada Nacional. En algunos cuantos ha calado el llamado y ha generado deserciones hasta de altos funcionarios de la era de Hugo Chávez, que tienen peso dentro del sector castrense.
En primera discusión también está la Ley de Garantía para los Empleados Públicos: el otro objetivo del parlamentario; captar el apoyo los trabajadores de la administración pública, vejados y obligados a marchar y participar en actos proselitistas de Nicolás Maduro, so pena de despidos y castigos.
90 días y Juan Guaidó, consciente de la premura del venezolano para conseguir una luz en medio de la oscuridad que le agobia a diario, no pide paciencia, si no confianza. Su ruta, que se enmarca, en la llamada “Operación Libertad”, promete aglutinar las alianzas que restan y organizar a la población para forjar la escalada de presión definitiva, con soporte de sanciones internacionales, que marquen el fin del régimen de Nicolás Maduro.
Virginia Hernández
