Alonso Medina Roa, abogado que lleva la causa del fallecido capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió estando en custodia de las autoridades venezolanas, expresó el 1° de julio que están solicitando una investigación independiente en el caso del oficial de la Armada, ya que afirmó que el proceso que inició contra los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) vinculados con la muerte del capitán, no es la correcta.
En entrevista telefónica en el programa Actualidad, Medina Roa considera que la imputación de los dos funcionarios de la Guardia Nacional adscritos a la Dgcim de “homicidio preterintencional con causal” contradice las condiciones en las que se encontraba Acosta Arévalo al momento de su presentación en los tribunales militares.
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Explicó que el cargo que se le imputa a los agentes significa que “es que el autor del hecho no tenía intención de causar la muerte, es decir, lo que conocemos en derecho como el dolo. Cuando es con causal, se habla de que la muerte misma porque es una causa de la que padecía la víctima”, por lo que a su juicio es violentar las penas de homicidio y de burlar la normativa venezolana e internacional sobre las torturas.
Destacó que de acuerdo al acta policial de fecha 21 de junio, Acosta Arévalo salió corriendo y en el interín fue detenido. “Es decir que era un hombre con capacidad motora“. El miércoles siguiente, el presidente de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que estaba “a buen resguardo en los servicios de inteligencia”.
Posteriormente, ocho días después de su arresto, fue llevado a los tribunales militares en silla de ruedas “sin posibilidad de mover sus extremidades. No tenía motricidad y tenía rasgos evidentes de tortura. Tenía sangre en el rostro, no podía pararse y pidió auxilio y ayuda”.
Relató Medina Roa que fue en ese momento cuando el juez ordenó que se llevara al “hospitalito”, unidad de salud dentro de Fuerte Tiuna, donde falleció horas después.
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En ese sentido, recalcó que el tema de la tortura es “indiscutible” en el caso del capitán. Por ello recordó que existe responsabilidad de acción y de omisión, y en el segundo caso es una institución que está implicada en el hecho.
Aseveró que la imputación a los funcionarios de “homicidio preterintencional con causal” es acto que calificó de “grosero” y de “burla”, ya que “las torturas solo pueden causar muerte. Eso además genera profundas heridas sociales”.
Dijo que en el caso de la tortura, se generan responsabilidades penales e individuales para el Estado.
Además, alertó que en el último año han recibido cerca de 200 denuncias que han sido debidamente presentadas ante jueces y en el Ministerio Público, “pero hay funcionarios que ni siquiera se les arruga la cara. La tortura se ha institucionalizado en Venezuela y no ha habido diligencias para eliminarla”.
Señaló que el cuerpo de Acosta Arévalo fue sometido a una autopsia por un médico forense del Ministerio Público en la morgue de Bello Monte en Caracas, pero aún el cuerpo no ha sido entregado, lo que representa una “burla permanente y constante” para la familia porque el oficio del Ministerio Público para recoger el cuerpo aún no ha sido entregado y citan a los familiares a días específicos pero les niegan el acceso o tampoco los atienden.
