La diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la comisión de Justicia y Paz del parlamento, Delsa Solórzanó, acudió el 9 de julio a la Morgue de Bello Monte en Caracas luego de que se dijera desde tempranas horas del miércoles que los familiares del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió mientras estaba en custodia de los organismos de seguridad del Estado el 29 de junio, recibirán su cuerpo tras 12 días de espera.
Solórzano señaló que los familiares esperan llevar a cabo dos acciones: Una que es el reconocimiento del cadáver y la otra, la entrega del mismo para, de acuerdo a sus creencias, poderle dar sepultura. Ante este tema, alertó que se está instaurando en Venezuela una práctica que se observó en enero de 2018, en la llamada “masacre de El Junquito”, donde el expiloto del Cicpc Óscar Pérez y su grupo fueron asesinados.
En esa oportunidad, pasaron siete días para que los cuerpos fueran entregados a las familias de forma “controlada”, es decir, que las autoridades decidieron dónde se inhumarían los cuerpos y que los allegados solo pudieran ver los cuerpos momentos antes de proceder al entierro.
*Lea también: Jefe del Comando Sur de EEUU ratifica que hay tropas rusas en Venezuela
“No basta pues con que a usted le secuestren un familiar, lo arresten, lo torturen y lo maten, sino que tampoco dejan velarlo. Esa práctica es una violación a los derechos humanos. Esperamos que entreguen el cuerpo porque ya van 12 días que han transcurrido desde su muerte sin que se pueda ver, y sin que se sepulte”, aseveró.
Espera que el cuerpo de Acosta Arévalo haya sido preservado “lo mejor posible” para llevar a cabo posteriormente exámenes forenses de acuerdo al protocolo de Minnesota, “pero tenemos preocupación sobre el estado de la Morgue”.
Denunció además que los alrededores del Cementerio del Este, en Caracas, se encuentran “fuertemente controlados” por efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), “mismo cuerpo que Michelle Bachelet mandó a disolver”, sostuvo.
*Lea también: Guaidó debe tomar en cuenta la opinión pública sobre posibles decisiones en Barbados
Aseguró que han permanecido en contacto permanente con los comisarios de la ONU en materia de DDHH que dejó la alta comisionada Michelle Bachelet y dijo que ellos han estado “muy atentos” a lo que sucede en el caso Acosta Arévalo, pero denunció que tampoco ellos han podido ingresar a la sede de la medicatura forense para ver el cuerpo del fallecido, al igual que le impiden el ingreso a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para constatar el estado de los presos políticos que ahí se encuentran.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández, denunció que hasta las 10:00 a.m. del 10 de julio no había sido entregado el cuerpo de Acosta Arévalo a sus familiares e indicó que este hecho es conocido tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas.
“Exigimos que se actúe de acuerdo a las leyes y entreguen el cuerpo”, sentenció.
Por otro lado, detalló que se recibieron denuncias de que en la sede de la Dgcim se están llevando a cabo protestas por parte de los presos exigiendo comida, mejores condiciones, que se les hagan los juicios y que se den los traslados.
