El arzobispo de Cumaná (Oriente), monseñor Jesús González de Zarate, se pronunció el jueves 11 de julio por el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como parte de la CXII Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana.
En nombre de la institución religiosa, el clérigo expresó que el documento del organismo internacional muestra que existen motivos razonables para creer que se han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela porque a su juicio, la Alta Comisionada pone en evidencia casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos por parte de organismos del Estado.
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Ante esto, González de Zarate manifestó el objetivo de la Iglesia en Venezuela es construir una sociedad más justa, más digna, más humana, más cristiana y solidaria, por lo que reflejó que las acciones cometidas por la administración de Nicolás Maduro afectan valores irrenunciables como la dignidad de la persona y el bien común.
“Reiteramos nuestro compromiso como Iglesia y llevamos la esperanza a nuestro pueblo con programas de defensa de los Derechos Humanos”.
Asimismo, emitió opiniones sobre la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras se encontraba bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como del excesivo uso de fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado en una protesta de Táchira que dejó como resultado la perdida de ambos ojos de un jóven de 16 años, Rufo Chacón, el 1° de julio.
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La muerte de Acosta Arévalo fue informada el 29 de junio, aunque ya había sido alertado por su abogado, Alonso Medina Roa, quien relató que su defendido se presentó en tribunales con claros indicios de tortura, desorientado y pidiendo auxilio.
El juez de la causa ordenó su traslado al llamado “hospitalito” de Fuerte Tiuna donde murió. El cuerpo fue entregado por el Estado 12 días después del fallecimiento, violando la Ley de Servicios Funerarios. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves 11 de julio a la directiva de la Dgcim por este suceso.
La CEV hizo un llamado a los sectores que hacen vida en el país para que participen en un proyecto democrático que permita dar fin a esto: “Venezuela aclama a gritos el cambio de un rumbo con una elección legítima del presidente de la República”.
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El informe, publicado el jueves 4 de julio tras la visita de Bachelet a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, denunció que en el último año y medio cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno.
De igual forma, recomienda al estado venezolano que disuelva el Comando de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y deje en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad “de manera inmediata”.
Una traducción no oficial del documento, distribuida por la Oficina de la Alta Comisionada a través de su página web y sus cuentas oficiales en redes sociales, también pide que el Estado venezolano “adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”.
