Siete militares colombianos admitieron que violaron a una niña indígena del pueblo Embera-Chamí. La menor de 12 años de edad estaba sola, recogiendo guayaba, cerca de un campamento militar. En ese momento los siete uniformados la secuestraron y la violaron el pasado lunes, en el Caserío de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico.
Francisco Bernate Ochoa, abogado colombiano, especialista en derecho penal y profesor universitario, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Estos soldados que confesaron la violación de la niña indígena ya se encuentran en prisión, lo único que están esperando es el veredicto que determinará el tiempo que estarán en prisión. Se ha estimado que sean unos 19 años. La justicia colombiana prefirió una justicia rápida, sencilla y sin hacer mayor indagación”, explicó Bernate Ochoa.
La Organización Nacional Indígena de Colombia hizo la acusación y el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los siete militares para someterlos a la ley indígena.
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“En Colombia reconocemos la diversidad étnica y cultural como uno de nuestros principales baluartes. En ese sentido, la Constitución colombiana permite que cada uno de los indígenas que estén asentados en un territorio puedan aplicar sus propias leyes en asuntos menores”, dijo el abogado.
Por el momento, El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.
“Da pena una justicia colombiana que celebra porque logró unos resultados en tan solo 72 horas. Pero se logró en ese tiempo, porque estos soldados confesaron los hechos. Además la justicia colombiana no alegó el hecho como una violación sino como un hecho consentido por un menor. Es una vergüenza lo que ha sucedido y es una vergüenza cómo está funcionando la justicia en Colombia”, agregó Bernate Ochoa
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