La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Bachelet denunció que la población venezolana “padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales”, por los bajos salarios y los altos precios de los alimentos. En abril el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros; informó que la canasta alimentaria era de 252 dólares, y el salario mínimo en Venezuela es de a penas 3 dólares mensuales.
Además, la alta comisionada denunció que “las persistentes carencias de los servicios públicos tales como la electricidad, el agua, escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”; también dificultan a los venezolanos tener calidad de vida.
Michelle Bachelet señaló que su oficina continuó documentando violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, con las detenciones “de lideres políticos, periodistas, sindicalistas; personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos“.
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Críticas a las decisiones del TSJ
En la presentación del informe, Bachelet hizo referencia a las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justica; en las que designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, e intervino a dos de los principales partidos políticos opositores (Acción Democrática y Primero Justicia).
La funcionaria de la ONU advirtió que estas medidas “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos” en el país sudamericano. Asimismo, rechazó “los ataques y la obstaculización del trabajo” de los diputados de la Asamblea Nacional.
Michelle Bachelet reiteró su llamado a los actores políticos en Venezuela para que realicen “una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”; en la que dijo, su oficina está dispuesta a participar.
Por otra parte, la alta comisionada sostuvo que la crisis en el país “se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales” y por la pandemia del COVID-19; y en ese sentido, celebró que representantes de Guaidó y Maduro firmaran un acuerdo para combatir el virus.
También reconoció avances en la disminución de la tasa de homicidios, y la reducción de los niveles de violencia en los centros penitenciarios. Por último, valoró “positivamente” el aumento en la cooperación con su oficina desde la firma del acuerdo en 2019.
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