Corte Suprema abre indagación contra Álvaro Uribe por interceptaciones ilegales en Colombia

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una indagación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los supuestos perfilamientos de la inteligencia del Ejército en contra de políticos, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

De esta forma, el Alto Tribunal encontró hallazgos que posiblemente vincularían al actual senador y líder del partido Centro Democrático; con el escándalo de interceptaciones ilegales adelantadas por el Ejército y que fue revelado por la Revista Semana.

“Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas; Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada”, se pronunció Uribe en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con algunas versiones, esta decisión de la Corte Suprema se da luego de que un anónimo declarara y entregara evidencia de que, al parecer, el expresidente Uribe era el destinatario de las informaciones recopiladas a través de las interceptaciones ilegales.

En ese sentido, el actual senador será investigado por este nuevo escándalo, el cual ha revivido este tipo de actuaciones que también fueron denunciadas durante su gobierno.

“Rechazo enfáticamente que se pretenda armar un escándalo mediático sobre un caso que, además de ser absolutamente inmeritorio; a penas obedece a un trámite normal de la justicia”, indicó Granados.

De acuerdo con el abogado, la Sala de Instrucción y la Fiscalía son las que tiene que verificar toda denuncia que llega a su conocimiento, por lo que esta indagación contra Álvaro Uribe es a penas un procedimiento rutinario.

“El objetivo de la investigación previa es corroborar, entre otras cosas, si al menos ha existido algún delito. Es decir, se trata de una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte Suprema”, indicó Granados.

Del seguimiento informático del Ejército fueron víctimas periodistas internacionales como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; varios medios de comunicación que cubren el conflicto en Colombia, y el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Los detalles de la denuncia suscitaron múltiples voces de rechazo y peticiones al Gobierno para que explique quién dio la orden de los seguimientos y castigue a los responsables; que al parecer están en la cúpula de la inteligencia militar.

Además, algunos líderes opositores aseguraron que el expresidente Uribe habría sido uno de los supuestos beneficiarios de estas interceptaciones ilegales.

Por este hecho la Procuraduría colombiana llamó a juicio disciplinario el pasado 20 de mayo a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.

Además, la Fiscalía General anunció una citación a interrogatorio al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019, periodo durante el que ocurrió el espionaje; y quien pasó a retiro alegando “motivos familiares” después de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos.

La revista Semana, que tuvo acceso a decenas de documentos y entrevistó a más de diez fuentes; denunció también que “las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera”.

La operación generó un debate en el país y la condena de distintos sectores de la sociedad; que además lamentaron que se desperdicien con estos fines recursos de la inteligencia militar.

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