Michael Penfold, analista en políticas públicas y planificación estratégica
Venezuela es un país que atraviesa una crisis política, social y económica, que ha derivado en una emergencia humanitaria. Esta situación se ha agudizado por la pandemia del COVID-19.
Frente a este escenario, Nicolás Maduro sigue avanzando en su agenda y el Consejo Nacional Electoral subordinado a su grupo convocó las elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre, con lo que pretenden poner fin al ciclo del actual parlamento liderado por Juan Guaidó.
27 partidos políticos de oposición decidieron no participar en el proceso electoral y la decisión fue apoyada por la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima se alinearon al desconocer el proceso electoral del 6 de diciembre y volver a proponer unas elecciones presidenciales “libres y transparentes”.
Michael Penfold, analista en políticas públicas y planificación estratégica, analizó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Es un país que sigue sin resolver el problema de fondo que no es un problema electoral, sino profundamente institucional. Venezuela no va a poder resolver el problema de las sanciones internacionales, la reactivación económica, la pandemia y de retomar el crecimiento si no resuelve el problema institucional básico que requiere de una cooperación mínima entre dos factores que tienen un conflicto existencial. El costo de ese conflicto lo están pagando los venezolanos”, explicó el analista.
La piedra de tranca para las soluciones venezolanas es el conflicto político. Sin embargo, pareciera que todas las vías están trancadas en estos momentos.
“En Venezuela siempre ha habido elecciones hasta hace muy poco. En 2015 hubo un proceso electoral con algunas condiciones mínimas. Esas elecciones generaban ganadores y perdedores. No obstante, en el fondo el país no logró corregir a pesar de esos procesos electorales, porque la oposición podía ganar las elecciones, pero el gobierno podía inhabilitar los poderes legislativos. Unas elecciones planteadas en este momento, lo que establecen es cómo se va a gobernar en un país donde hay dos presidentes, en el cual hay múltiples instancias judiciales. Es un país aislado internacionalmente. En este sentido, el tema electoral no es el centro del dilema venezolano. El dilema cómo alguien que pierda elecciones puede continuar la política con garantías constitucionales y cómo el que las gane va a tener forma institucional. El debate de votar o no votar es cíclico y nos estamos haciendo la vista gorda de que lo que necesita el país es una negociación política, un nuevo pacto político y social. Hay un país que está agonizando ¿En qué momento la elite política del país, va a poner por encima de todo los intereses de los venezolanos?”, dijo Penfold.
El analista también destacó la importancia del documento emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana la semana pasada. “Los obispos ponen sobre la mesa que la tragedia de Venezuela consiste en que ninguno de los actores políticos tiene los incentivos adecuados para tomar decisiones que apunten a resolver el problema estructural político e institucional del país. La responsabilidad central está en el chavismo, pero la oposición también tiene parte de responsabilidad”.
Muchos analistas coinciden en que hay que llegar a un acuerdo, pero hay muchos antecedentes de negociación fallidos como lo ocurrido en República Dominicana, Barbados y Oslo.
“El problema es que ninguna de las dos partes tienen los incentivos para negociar. Maduro se siente ganador, porque ha resistido a la presión internacional. Por su parte, la oposición siente que no tiene la capacidad para resolver el conflicto sino se le otorga la transición”, destacó Penfold.
Finalmente, el especialista enfatizó que la decisión de la continuidad administrativa es errada. “Esas elecciones si corresponden y la Asamblea Nacional está llegando a un final. No aceptar lo que implica el 5 de enero de 2021 no es la continuidad administrativa. Si no hay unas elecciones reconocidas internacionalmente, lo que implica es la disolución completa de todo el entramado constitucional en Venezuela. Es decir, se quedaría en el vacío más absoluto”.
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