¿Por qué el sistema judicial de Maduro priva de libertad a tres directivos de DirecTV en Venezuela?

Hace unas semanas DirectTV dejó de funcionar en Venezuela. La suspensión del servicio dejó aproximadamente a ocho millones ciudadanos sin televisión por cable en medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19. La razón fue la imposibilidad de la empresa de “cumplir al mismo tiempo los requisitos del régimen de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos”, expuso en un comunicado la organización.

La respuesta del régimen venezolano fue proceder con su sistema judicial contra los ejecutivos venezolanos en el país. El tribunal 21 de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, dictó este martes una medida privativa de libertad contra los exdirectivos de DirecTV Venezuela, Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano, por los delitos de coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.

El abogado defensor de estos tres ejecutivos, Jesús Loreto, explicó el proceso judicial en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón

“La coautoría y la desestabilización de la economía no son delitos sino figuras legales. La coautoría es una manera de expresar la complicidad y la desestabilización de la economía no es un delito sino una causa agravante. Los otros delitos si se le atribuyen a estas personas por su condición supuesta falsa de directivos de Galaxy Entertainment en Venezuela y no por algo que hayan hecho u omitido”, dijo el abogado.

“Esto es injusto e ilegal. Al margen de que sea una instrucción o producto de la ignorancia, hay un hecho claro y concreto. Esto es una manifiesta injusticia y se trata de un acto reñido con la más elemental legalidad y constitucionalidad. No puedo atribuirle ningún delito a alguien por lo que es, sino por lo que hace o deja de hacer”, explicó Loreto.

La suspensión del servicio de DirecTV cayó de sorpresa en Venezuela, dejando a 597 personas desempleadas.

“Estas tres personas se enteraron el día antes de la interrupción del servicio que habían sido despedidas. Ningún empleado fue advertido de lo que iba a suceder”, afirmó el letrado.