Niños Refugiados-EFE
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, afirmó que la mitad de los niños refugiados del mundo no están escolarizados y es una situación que puede agravarse con la pandemia del COVID-19.
En el informe, ACNUR predijo que “si no se adoptan medidas para contrarrestar los efectos catastróficos de la crisis del coronavirus en la educación de los refugiados, el potencial de millones de jóvenes que viven en regiones vulnerables estará un poco más en peligro”.
Olga Sarrado, vocera de ACNUR, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Estamos ante unas cifras escalofriantes. La pandemia ha tenido un impacto en los sistemas educativos de todo el mundo y ha dejado a muchos niños sin poder ir a clases, pero ha tenido un impacto especialmente importante en los niños refugiados. Las cifras de este reporte hacen un análisis de la situación en 2019 y refleja que el 48% de los niños estaban fuera de la escuela el año pasado. Estas cifras son globales, y son similares a las que tenemos en ACNUR en el caso de los niños refugiados y migrantes venezolanos, que al final de 2019 se calculaba que el 43% no estaban asistiendo a la escuela. Con este escenario llegó la pandemia del COVID-19 y la situación ha empeorado, dejando a muchos más niños sin la posibilidad de ir a las escuelas. En el caso de los niños refugiados, esto implica que estén más expuestos al trabajo infantil, explotación, trata, y matrimonios infantiles”, dijo Sarrado.
La vocera de ACNUR también destacó que se calcula que el 40% de los niños refugiados no asisten a la escuela. En este sentido, hay millones de niños que no están escolarizados.
“Hemos puesto en marcha varias alternativas. Estamos impartiendo clases virtuales, por radio, por televisión, pero esto también tiene barreras en las zonas rurales y en las poblaciones desplazadas, porque no tienen acceso a internet. Por ejemplo, en Ecuador solo el 37% de los niños tienen acceso a internet y las cifras empeoran en el caso de los refugiados. Muchas familias refugiadas no tienen acceso a un teléfono o a una tablet. En el caso de los refugiados venezolanos, muchas familias han perdido su empleo y su hogar, quedando en la calle e impidiendo que esos niños y niñas sigan su proceso educativo”, explicó Sarardo.
Cuando un niño no va a la escuela se dedica a otra cosa. Aparece el fenómeno del trabajo infantil o se adentra en el mundo de los negocios ilícitos.
“La pandemia también nos ha afectado y no hemos podido estar en el campo viendo a las familias cara a cara como solemos hacer. Sin embargo, hemos puesto en marcha una red a través de Whatsapp y llamadas telefónicas para mantener ese contacto diario con las familias. También podemos estar en contacto por medio de las organizaciones comunitarias y las ONGs, para hacer llegar libros y materiales educativos a las familias y asegurarnos de que los niños continúen en su proceso educativo. En el reporte que publicamos ayer, aparece el ejemplo en Bolivia, donde hemos creado una serie de aulas móviles donde los niños y niñas veían clases con la protección necesaria con profesores que prestaban apoyo psicosocial. La intención es asegurar que los niños no caigan en esas redes o peligros que conlleva estar fuera de la escolaridad”.
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