La cuarentena radical impuesta en Venezuela por el coronavirus, no ha impedido que los ciudadanos salgan a protestar en varios estados del país por las reiteradas fallas en los servicios públicos.
Hablamos de problemas con el suministro de la gasolina, gas doméstico, agua, además fallas en el servicio eléctrico, la telefonía fija y el internet han hecho que las manifestaciones en las calles se hayan incrementado en las últimas semanas.
Las protestas se han ido incrementando a lo largo del año. Hasta agosto se documentaron cerca de 6.000 acciones. De esta cifra, más de 80% fueron manifestaciones motivadas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, son como dijimos antes, las carencias socioeconómicas las que están en el epicentro de las movilizaciones y acciones de calle de los ciudadanos
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se han registrado 100 protestas durante el último fin de semana de septiembre, en varias entidades.
Desde el 23 de septiembre, ciudadanos del estado occidental de Venezuela, Yaracuy han salido a protestar por lo difícil que significa ya vivir en esas condiciones. Al pasar los días, se han sumado más habitantes desesperados de otras regiones, fundamentalmente por familias, y con una amplia participación de mujeres.
Según informan conjuntamente, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), “el 26 de septiembre, efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en coordinación con la policía del estado Yaracuy y civiles armados, reprimieron a manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas. Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las protestas.
Lo interesante es que las protestas no tienen convocantes políticos, es el descontento popular, el disparador de estas marchas y reclamos y son los propios vecinos quienes han ido incorporándose poco a poco”.
El derecho a la protestas está establecido en la Constitución Nacional; funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, y fuerzas especiales o milicias que funcionan bajo la administración de Maduro, han detenido y agredido a los pacíficos ciudadanos con perdigones y gases lacrimógenos.
A pesar de los repetidos informes de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y confirmaciones fácticas del Informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas, denunciando las repetidas violaciones al derecho a la protesta y la detención regular de ciudadanos se sigue haciendo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes ante los ojos del mundo.
Exigimos, como lo hacen Provea, y el Observatorio de Conflictividad social, se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica.
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