Trump autoriza sanciones contra funcionarios de la CPI que investiguen a tropas de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de “corrupta” a la Corte Penal Internacional (CPI). y autorizó sanciones para los funcionarios de este tribunal que investiguen a las tropas de EE.UU. o de sus aliados.

“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional”, señaló la Casa Blanca.

En ese sentido, el mandatario estadounidense mostró nuevamente su distancia y diferencias con los organismos internacionales.

Este pronunciamiento se conoce en momentos en que la CPI estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

Frente a este hecho; el gobierno de Trump anunció que Estados Unidos bloqueará las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal que este involucrado en esta investigación.

Además, restringirá los viajes y las emisiones de visas para los funcionarios que quieran entrar al país.

La Casa Blanca resaltó que Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma; por este motivo la CPI no tendría jurisdicción sobre el personal estadounidense.

La solicitud fue realizada por la Fiscal Genera de la CPl, Fatou Bensouda, al considerar que había suficientes razones para creer que las autoridades de Afganistán y las tropas de EE.UU. cometieron graves delitos durante el conflicto en ese país.

En ese sentido, el secretario de Estado, Mike Pompeo; así como el secretario de Defensa, Mark Esper, y el fiscal general, William Barr, señalaron que la CPI está politizada.

“La CPI se ha convertido en poco más que una herramienta política empleada por las élites internacionales no responsables para manipular y minar las políticas exteriores de naciones soberanas democráticamente responsables”, indicó Barr.

“Estén tranquilos que los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de EE.UU. no comparecerán nunca ante la CPI”, subrayó Esper.

Precisamente, el gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal Fatou Bensouda como una forma de presión para que no investigará esos incidentes durante la guerra en Afganistán.

“Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para sus propios intereses”, indicó Barr a los periodistas.

Sin embargo, el papel del tribunal internacional ya había sido cuestionado por el gobierno de George W Bush; quien pidió a los países miembros a cerrar esta Corte.

Por su parte, Barack Obama tuvo un tono menos duro con el tribunal, aunque  tampoco quiso que Estados Unidos adhiriera al Estatuto de Roma.

La ONG Human Rights Watch (HRW) indicó que la orden de Trump “demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global”.

“Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia”, afirmó Andrea Prasow, directora para Washington de HRW.

Por su parte, el jefe de la Diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su preocupación por esta decisión de EE.UU. y afirmó que la Corte “debe ser respetada y apoyada por todos los países”.

La Corte Penal se creó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio; principalmente en zonas donde sus autores podrían no tener que enfrentar a la justicia.

Por ahora 123 estados reconocen su jurisdicción y Estados Unidos ha sido uno de los países que nunca ha hecho parte de este tribunal internacional de justicia.

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