Una nueva convocatoria de movilización en México se prepara a gran escala para este 9 marzo en todo el país.
La iniciativa que se promulga en redes sociales con el hashtag #UnDíaSinNosotras, invita a todas las mujeres de la nación azteca a salir a las calles a marchar una vez más por su seguridad, sus derechos y el freno inmediato de los feminicidios que sacude al país recientemente.
“Si no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos”, es otro de los lemas que difunde la nueva convocatoria.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Administración de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD), se calcula que durante ese día el 40% del personal en las empresas estará sin ocupar sus espacios de trabajo, puesto que la cifra corresponde al porcentaje de mujeres que laboran en puestos oficiales del país.
Se estima que la actividad económica tenga también una caída de al menos 1.380 millones de dólares a nivel nacional, cantidad generada por 22 millones de mujeres que desarrollan alguna actividad económica en el país.
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Pese a la movilización masiva, algunas mujeres entrevistadas por medios locales han argumentado que no podrán asistir a las marchas y dejar de trabajar, puesto que son cabeza de familia y si dejan de producir durante un día, ese será el momento en el que no llevarán comida a su hogar.
De acuerdo con la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define el feminicidio como la “manifestación extrema de violencia contra una mujer por razones de género”, es decir, por el simple hecho de ser mujer.
Según indica el código penal mexicano, la nación azteca califica como feminicidio y clasifica entre las razones de violencia por género cuando:
Datos de la Secretaría de Protección Ciudadana reportan un aumento del 43% en los casos de feminicidio en México en los últimos cinco años. En 2015 las cifras oficiales de estos actos de odio alcanzaron los 411 asesinatos; para 2019 la cifra se incrementó a 976 muertes.
En México las penas a quienes cometen actos de odio de género se encuentran entre 40 y 60 años de prisión. Debido al aumento de los esos crímenes el Congreso propuso recientemente aumentar de 60 a 65 años la pena máxima por este crimen.
Para muchos ciudadanos la medida no representa una solución real al flagelo, pues los casos de impunidad en algunos estados mexicanos siguen alcanzando el 99%.
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