El 30 de abril de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó el 23 de enero como presidente encargado de Venezuela, estuvo al frente de lo que se conoció como la “Operación Libertad”, una acción que contó con el respaldo de algunos efectivos militares y la liberación del líder político Leopoldo López, quien estaba cumpliendo en su residencia una pena de 14 años por los sucesos de febrero de 2014.
Muchas cosas han pasado en 30 días luego de este “alzamiento militar”, el cual fue calificado como “escaramuza” por parte de la administración de Nicolás Maduro. Uno de los acontecimientos más resaltantes fue la destitución del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), General de División Manuel Cristopher Figuera, y colocar de nuevo al frente de la policía política al Mayor General Gustavo González López.
Cristopher Figuera llegó a la dirección del Sebin luego de la muerte del concejal Fernando Albán el 8 de octubre de 2018, luego de que su cuerpo apareciera en las inmediaciones de la sede de este cuerpo de seguridad en Plaza Venezuela (Municipio Libertador, Caracas) y luego de un “impasse” entre efectivos adscritos a esta organziación y la caravana presidencial, en la que Nicolás Maduro no estaba presente.
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El Sebin es el encargado de la custodia de los presos políticos, entre ellos Leopoldo López y el comisario Iván Simonovis, quien pagaba una pena de 30 años por los sucesos del 11 de abril de 2002 y que actualmente se encuentra en paradero desconocido tras fugarse de su residencia, en donde cumplía arresto domiciliario, a la policía política.
Tras los sucesos del 30 de abril, trascendió que el general Cristopher Figuera habría sido detenido aunque posteriormente, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, reveló que el oficial de alto rango se habría evadido de la justicia.
Desde la clandestinidad, el exdirector del Sebin ha mandado varios mensajes a Nicolás Maduro y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. A este último le instó en reiteradas ocasiones a que tome “la decisión correcta” para que la Fuerza Armada Nacional pueda tomar correctivos y brindar una solución a la emergencia que existe en Venezuela.
Por su parte, Nicolás Maduro denunció que el General de División había sido captado por la CIA desde 2018 y trabajaba como “topo”. Mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que le fueron levantadas las sanciones impuestas al exdirector del Sebin como un ejemplo para los demás funcionarios que tienen estas penalizaciones y contribuyan al cambio de administración de Venezuela.
El comisario Iván Simonovis, quien fuera director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, fue detenido en 2004 y condenado a 30 años de cárcel por los sucesos del 11 de abril de 2002. Desde entonces estuvo preso en unas condiciones infrahumanas que derivaron en un grave deterioro de su salud.
A finales de 2018, se le concedió una “medida humanitaria”, al dejarlo en arresto domicilario debido a que desde 2014 no recibía atención médica.
Su esposa y abogada, Bony Pertiñez de Simonovis, solicitó en varias ocasiones a los tribunales competentes para que revisaran la pena al comisario, que de acuerdo a la legislación venezolana al cumplir la mitad del tiempo de condena, las condiciones de reclusión podrían cambiar. Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas.
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El 12 de abril de 2019, funcionarios del Sebin le colocaron un nuevo grillete electrónico al comisario, justo un día después de cumplirse 17 años de los hechos por el cual fue condenado. Ya él tenía un dispositivo similar, lo que se presume que tendría dos.
El 30 de ese mes, Juan Guaidó firmó un indulto para liberar a todos los presos políticos, razón por la cual Leopoldo López salió de su residencia. Sin embargo, Bony Simonovis dijo por Twitter que su esposo no había recibido tal beneficio.
A mediados de mayo, se conoció a través de las redes sociales que Simonovis “ejerció su derecho al indulto” ofrecido por Juan Guaidó y evadió su arresto domicilario en La Florida, lugar que estaba custodiado por los efectivos del Sebin. Al parecer, habían amenazas de enviarlo nuevamente a prisión.
En la actualidad se encuentra en paradero desconocido en compañía de su familia.
La ANC, un órgano calificado de írrito debido a que cuando fue convocado por Maduro en 2017 no contó con la aprobación del pueblo, es la instancia “plenipotenciaria” que ejerce acciones legislativas al margen de la Asamblea Nacional, ente oficial que debe regir en esta materia y que dentro de sus competencias está la potestad de eliminar el fuero de sus integrantes.
Luego de los sucesos del 30 de abril, que ocurrieron en el Distribuidor Altamira de Caracas, la administración Maduro inició investigaciones para determinar quiénes estuvieron respaldando el llamado “alzamiento militar”.
En una primera instancia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el allanamiento de dicha inmunidad a un primer grupo de parlamentarios: Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Edgar Zambrano por cometer los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación a la desobediencia de las leyes.
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La ANC decidió por “unanimidad” el despojo de esta prerrogativa a los parlamentarios. El 8 de mayo fue detenido el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, frente a las inmediaciones del partido Acción Democrática en La Florida (Municipio Libertador, Caracas).
Luego de la detención de Zambrano, fueron varios los parlamentarios que tomaron medidas para evitar ser capturados por los órganos de seguridad venezolanos. Los diputados Blanco, Magallanes y De Grazia fueron a las embajadas de Italia y Argentina para quedarse en calidad de huéspedes, mientras que Luis Florido huyó a Colombia.
Posteriormente, fueron otros parlamentarios víctimas de las acciones de la ANC: Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Franco Casella y Winston Flores.
Mejía y Superlano pasaron “a la clandestinidad”, mientras que Casella fue recibido en la embajada de México y Flores se encuentra fuera del país.
La ANC decidió, además, despojar de su inmunidad al diputado Rafael Guzmán por los mismos delitos a finales del mes de mayo.
A mediados del mes de mayo, se conoció por intermedio de Juan Guaidó que la oposición venezolana “atendió una invitación de Noruega” con el fin de corresponder a un “esfuerzo” que estaría haciendo ese país para encontrar una salida a la emergencia venezolana y dio a entender que ese proceso tenía encaminado desde “hace meses”.
En esa oportunidad, dijo que la iniciativa “abonaba en el proceso” de buscar una solución al conflicto latente en la nación sudamericana, que además se suman a esfuerzos que adelantan el Grupo Internacional de Contacto (GIC) y el Grupo de Lima
La ministra de Relaciones Exteriores, Ine Eriksen Søreide, dijo en enero que su país mantenía “diálogo” con las partes y que les había ofrecido ayuda para impulsar un proceso político “cuando y si lo desean”.
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En el transcurso de los días, se conoció que las delegaciones del mandatario Nicolás Maduro y Juan Guaidó se encontraban en Oslo para “reuniones exploratorias”, en donde aseguraron que no había contacto “cara a cara” entre ellos, sino que ambas comisiones se dirigían expresamente a los representantes noruegos.
La oposición venezolana fue representada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González; el exalcalde del municipio caraqueño de Baruta, Gerardo Blyde y el exministro de Transporte y Comunicaciones Fernando Martínez Mottola (1992-1993), junto con la asesoría del exrector del CNE, Vicente Díaz.
Mientras, la delegación gubernamental se conformó por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el gobernador del estado de Miranda (centro-norte), Héctor Rodríguez y el canciller de Maduro, Jorge Arreaza.
En una segunda ronda de conversaciones, ya para finales de mes, ambas delegaciones volvieron a viajar a Oslo para continuar conversando la posibilidad de una salida a la emergencia venezolana, pero el Centro Nacional de Comunicaciones (CNN), organismo que difunde informaciones del despacho de Juan Guaidó en su rol de presidente encargado, aseguró que no hubo acuerdo en las últimas reuniones.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que fue firmado en Río de Janeiro en 1947, es un pacto de defensa mutua en el continente americano, del cual Venezuela fue uno de sus principales integrantes y que en 2012 se retiró por decisión del expresidente Hugo Chávez.
A principios de mayo, la Asamblea Nacional acordó discutir la nueva incorporación de la nación sudamericana al TIAR “como medida de cooperación internacional para la ayuda humanitaria y defensa del pueblo venezolano”, en una sesión a la que no fue permitida el ingreso de los medios de comunicación.
Según la BBC, de acuerdo con el texto los países firmantes condenan formalmente la guerra y se comprometen a buscar soluciones pacíficas a sus conflictos mutuos, aunque establece además que “un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos”.
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Tras varias semanas, el 29 de mayo la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley Aprobatoria de Adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), normativa que “permitirá evitar una catástrofe humanitaria en Venezuela”, según Juan Guaidó.
A este articulado se le otorgó urgencia reglamentaria, para que se acorten los lapsos ordinarios de discusión, y deberá ser sancionada en junio. Con este proyecto de Ley, se autoriza al presidente de la AN para que incorpore a Venezuela al sistema interamericano y a los organismos internacionales, relacionados con la defensa de los derechos humanos.
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