Acusan en EE.UU. a cuatro militares chinos por hackear agencia de crédito Equifax

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación de cuatro militares chinos por su presunta participación en el hackeo masivo de 2017 de la base de datos de la agencia de crédito Equifax.

“Este fue uno de los mayores pirateos de la historia” en el que se robó “información personal sensible de casi la mitad de los ciudadanos estadounidenses”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.

La acusación señala a Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke y Liu Lei, miembros de un instituto de investigación del ejército chino, como responsables de múltiples cargos por pirateo informático, fraude informático, espionaje económico y fraude económico mediante telecomunicaciones.

Según funcionarios del Departamento de Justicia, la investigación se extendió por más de un año a través de 34 servidores informáticos en 20 países en los que supuestamente ocultaron sus maniobras.

Además de la información personal, el robo afectó al “duro trabajo y la propiedad intelectual de una empresa estadounidense por parte de una unidad del ejército chino”, dijo Barr.

El acto de piratería informática asombró a los funcionarios estadounidenses, y ocurrió luego de un ataque similar sobre una base de datos del gobierno, también atribuido a China.

El subdirector del FBI, David Bowdich, dijo que no existían pruebas de que los datos robados a Equifax se hubiesen usado para vulnerar cuentas bancarias o de tarjetas de crédito de las personas afectadas.

Sin embargo, advirtió que la información podía utilizarse con otros fines. “Si consigues información de identificación personal de la gente, puedes hacer mucho con eso”.

Equifax reconoció en 2017 que piratas informáticos habían robado de su sistema datos personales, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y números de la seguridad social de prácticamente la mitad de la población de Estados Unidos. El incidente también afectó a clientes de Canadá y Reino Unido.

La agencia de crédito aceptó en julio de 2019 pagar al menos 525 millones de dólares y como máximo unos 700 millones en un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio derivado del robo, que afectó a cerca de 150 millones de personas y propició la renuncia del director ejecutivo de la empresa, Richard Smith.