Bachelet denunció que Maduro ha obviado su pedido de disolver la FAES

La alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, denunció este lunes que la administración de Nicolás Maduro no ha evidenciado voluntad alguna de atender a las sugerencias publicadas en Naciones Unidas el pasado mes de julio, entre ellas la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, así como tomas otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.

Bachelet, quien presentó una actualización de su informe, aseveró que el organismo que preside “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.

A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas Y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.

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“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, alertó Bachelet.

Lamentó que el Ejecutivo venezolano, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.

Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional, citó EFE.

Por otro lado, Bachelet manifestó su temor acerca del la reducción del espacio democrático en Venezuela, en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

“Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades”, dijo.

Mencionó que un equipo de su oficina -cuyo tamaño no precisó- ha podido volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.

También reconoció que, tal como se lo había prometido, el Ejecutivo venezolano excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.

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De otra parte, Bachelet dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.

Asimismo, el informe de Bachelet hace hincapié en la situación de 400.000 personas que sufren de enfermedades crónicas y que tienen acceso limitado a medicinas y tratamiento, mientras que 39 enfermos -incluyendo niños y niñas- esperan viajar al extranjero para recibir trasplantes, dentro de programas públicos.

Según la alta comisionada, algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios.

“Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas”, señaló.