Crisis política continúa en Puerto Rico a pesar de renuncia de Roselló

Puerto Rico tiene nuevo Gobernador y su nombre es Pedro Pierluisi. Sin embargo, al igual que su predecesor, Ricardo Rosselló, éste tampoco se encuentra libre de controversia y descontento popular. Muchos puertorriqueños ahora le exigen la renuncia y su ascenso al poder ha despertado una pugna interna dentro de su partido político y en los cuerpos legislativos de la Isla.

Por: Luis Grande Branger – San Juan, Puerto Rico

Esta situación se debe a dos motivos. En primer lugar, entre otras cosas atadas a sus acciones políticas y judiciales en el pasado, a los nexos del nuevo gobernador con la Junta de Supervisión Fiscal que busca reponer el dinero que se le debe a los bonistas de Wall Street, aún si es a costa del bienestar del pueblo, y de la inactividad de Pierluisi durante sus funciones como Secretario de Justicia ante la corrupción de varios funcionarios que fueron encontrados culpables por el FBI en aquel entonces.

En segundo lugar, el descontento se debe a la enrevesada forma en la que llegó Pedro Pierluisi al poder. Para entender esto tenemos que hacer un recuento de los días que precedieron a la salida de Rosselló.

Durante los nueve días entre el anuncio de su renuncia y el día en el que se hizo efectiva la misma, el ex gobernador de Puerto Rico mantuvo un silencio mediático en torno a quién sería su sucesor o sucesora luego de que abandonara el cargo. Según la constitución puertorriqueña, el Secretario de Estado es quien sustituye la figura del gobernador en caso de muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta; pero este funcionario, Luis Rivera Marín, había renunciado antes que Rosselló por haber estado envuelto en el mismo chat de Telegram que desató el descontento popular hacia la administración gubernamental.

Por lo tanto, el cargo debía ser ocupado por el Secretario de Hacienda. Sin embargo, Francisco Parés, quien ocupa este cargo, no tiene la edad mínima requerida para ser gobernador, por lo que, según la constitución, el puesto pasaba a ser llenado por la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

Éste era el panorama y ya generaba tensión y controversia pues la Secretaria de Justicia, no sólo había sido nombrada en el infame chat de Telegram, sino que había estado involucrada en un escándalo de abuso de poder y de su figura política para influenciar decisiones judiciales en casos. Más aún, otros chats telefónicos que aparecieron a la luz pública, demostraron cómo la Secretaria se había negado a investigar casos relacionados a la malversación de ayudas humanitarias tras el paso del devastador huracán María.

Sin embargo, Vázquez Garced no llegó a ser Gobernadora, ya que a menos de 48 horas de hacerse efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, éste nombró como Secretario de Estado a Pedro Pierluisi, integrante del Partido Nuevo Progresista, partido político actualmente en el poder, ex comisionado residente en Washington durante la administración del gobernador Luis Fortuño y quien en el momento del nombramiento era abogado de la Junta de Supervisión Fiscal y cabildero de varias compañías entre las cuales se encuentra Applied Energy Systems, empresa envuelta en una controversia por el depósito de cenizas alegadamente carcinógenas cerca de algunos pueblos del interior de la Isla.

Según la constitución de Puerto Rico, este nombramiento de Pierluisi como Secretario de Estado, debía haber sido confirmado por el Senado, sin embargo, dado el poco tiempo que Rosselló le dejó a este ente para llevar a cabo este acto, no se dio.

Más aún, Pierluisi ni siquiera llevó la documentación requerida por el Senado para este fin. Aún así, valiéndose de la aceptación de la Cámara de Representantes y amparándose en la interpretación de una ley especial que se creó para un incidente muy particular en la historia de Puerto Rico, Pedro Pierluisi juramentó el viernes 2 de agosto como Gobernador de Puerto Rico, ignorando el orden de sucesión constitucional y el requerimiento de ser confirmado por el Senado.

Esto generó un sinfín de reacciones a favor y en contra, entre miembros de la sociedad civil, ciudadanos e incluso miembros de la clase política puertorriqueña, que han promulgado al Gobernador como legítimo, algunos, y como usurpador, otros.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado y miembro del mismo partido que Pierluisi, incluso ha radicado una demanda ante el Tribunal Supremo para llevar a cabo una impugnación de la juramentación del Gobernador. Queda en manos ahora del cuerpo judicial decidir el desenlace de este nuevo episodio de la crisis política que vive Puerto Rico.