Cristina Fernández de Kirchner. Foto: AP
Cristina Fernández de Kirchner acudió este lunes a los tribunales para declarar en un juicio en su contra por presunta corrupción. Este llamado ocurre a ocho días de asumir como vicepresidencia de Argentina.
Para la expresidenta, que gobernó a Argentina desde 2007 hasta 2015, las acusaciones e investigaciones en su contra son parte de un plan para “destruir a líderes populares y democráticos”.
Se trató de la primera vez que la exmandataria pudo hablar en su defensa ante el tribunal que la enjuicia como supuesta jefa de una asociación ilícita para el otorgamiento de licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur).
La electa vicepresidenta dijo frente al juez que este proceso es una “clase magistral” de persecución judicial ideada por el Gobierno saliente de Mauricio Macri.
“El rol que desplegaron las distintas áreas técnicas y no técnicas del Gobierno en el armado de este plan sistemático, que se conoce como lawfare”, aseveró la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)
La vista oral, la primera que enfrenta la vicepresidenta electa, que está procesada en una decena de causas, comenzó el 21 de mayo pasado y en ella se investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Lázaro Báez, estrecho colaborador del matrimonio.
La expresidenta está acusada junto a, entre otros, el exministro del área de Obras Públicas Julio De Vido y Báez, ambos en prisión por otras causas, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras durante su mandato para “apoderarse ilegítimamente” de millonarios fondos mediante licitaciones con “múltiples irregularidades”.
“Yo, que estoy acusada de asociación ilícita, es decir, ser la jefa de una banda, que se reunía para la comisión de delitos en forma indeterminada y indiscriminada, ¿me pueden decir los lugares de reuniones?”, recriminó Fernández.
Para la líder del peronismo kirchnerista, el “Gobierno que se va” tenia una “mesa judicial” donde hasta decidían “quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar para sacarle empresas, y después cuando se enojaron con mas empresarios fueron por más empresarios”
“Primero fueron por uno, luego fueron por otro, y cuando fueron por mí ya era demasiado tarde”, aseveró la política, que cuenta con varias órdenes de detención que nunca se han hecho efectivas por contar con fueros parlamentarios desde que fue elegida senadora, a finales de 2017.
Como ya realizó por escrito cada vez que fue citada a declarar como imputada, no solo en la etapa de instrucción de este caso sino de todos los que la afectan por supuestas irregularidades en la concesión de obras, la expresidenta negó las acusaciones y aseguró que la causa “no tiene sustento”.
“Durante múltiples audiencias, escritos, habíamos pedido que se auditara toda la obra pública de la República Argentina, y se nos denegó sistemáticamente. Esta causa no tiene sustento”, aseveró.
“Si realmente se formó una banda, ¿qué necesidad tenia de traer a un empresario de la construcción, si tenía a todos los empresarios de la república?”, agregó ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires durante la audiencia, a la que pudieron acudir como público simpatizantes de Fernández, entre ellos miembros de Abuelas de Plaza de Mayo.
Fernández criticó que cuando se dictó la primera prisión preventiva contra ella ya había sido elegida senadora, tras haber estado dos años sin fueros “por decisión propia”.
“¿Qué buscaba el Gobierno? ‘No puede ir presa porque tiene fueros, se ampara en los fueros’ Lo escucharon: ‘Cristina no va presa porque se ampara en los pruebos. Títulos de diarios, programas enteros de televisión, todos sabemos que el Gobierno debe haber decidido, por alguna razón, que no les convenía”, continuó.
Para la futura vicepresidenta, que tres días antes de que comenzara el juicio, el 18 de mayo, anunció que proponía a Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete y el de su esposo, como candidato a la Presidencia, el sistema que “pergeñó” el Ejecutivo de Macri “se alineó con los jueces”.
La acusada hizo repaso de las medidas que los jueces han tomado en su contra en las múltiples causas que le afectan, como por ejemplo intervenir sus empresas inmobiliarias, embargar sus cuentas o hacerle elegir entre la pensión de viuda o la de expresidenta.
“Intervinieron también la sucesión (herencia) de Néstor Kirchner, algo inédito también. Está intervenida la sucesión de una persona que ha fallecido. (…) Son medidas que han violado claramente el derecho vigente, el Estado de Derecho, y los derechos también de las personas”, subrayó.
Al comienzo de su declaración, la expresidenta criticó duramente que el tribunal no haya aceptado su petición de televisar la audiencia, como sí ocurrió con la sesión inaugural, el 21 de mayo pasado, y en las siguientes, en las que se procedió a la lectura de las acusaciones, y que la opinión pública no pueda escucharla.
América Digital/EFE
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