Expresidente de Panamá Martinelli declarado “no culpable” en caso de escuchas

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli demandará “a todos” los que le acusaron en el caso de espionaje político y malversación de fondos públicos del que fue declarado “no culpable” este viernes 9 de agosto por un tribunal.

“Los vamos a demandar a todos”, aseguró Martinelli en los estudios de la televisión local NexTv, de su propiedad, a donde se dirigió inmediatamente después de abandonar la sede del tribunal que lo declaró “no culpable” de todos los cargos de los fue acusado por la Fiscalía, que había pedido 21 años de castigo.

Entre las personas a las que denunciará está la procuradora general (fiscal general), Kenia Porcell, y la fiscal Tania Sterling “que están en los reportes de lo que pagó el gobierno panameño, un millón de dólares, para extraditarme” de EE.UU., precisó Martinelli en declaraciones a los periodistas al llegar a un club de su propiedad para celebrar su libertad.

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El exmandatario cumplía detención domiciliaria desde el pasado junio luego de haber estado en una cárcel de mínima seguridad un año.

Asimismo, cargó contra el actual mandatario, Juan Carlos Varela, al que acusa de haberse “inventado” el caso conocido como “pinchazos” y complotado con el Tribunal Supremo.

Ha sido una “persecución política producto de la envidia. La envidia es peor que el odio. Varela es un pobre hombre, me da lástima ese hombre”, afirmó Martinelli, que incluso prometió que le daría un “puñete” si el también expresidente se atreve a hablarle.

El primer presidente en el banquillo panameño

Martinelli es el primer expresidente de la joven democracia de Panamá que se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Se le acusó de cuatro delitos que suman 21 años de prisión por la supuesta interceptación de las telecomunicaciones a decenas de opositores, empresarios, periodistas y activistas sociales.

Con el argumento de la persecución política, Martinelli se fue de Panamá en enero de 2015 y regresó extraditado por EE.UU. el 11 de junio de 2018, tras pasar un año preso en una cárcel federal mientras batallaba contra su entrega a la Justicia panameña por el caso de las escuchas.

Al llegar a Panamá fue recluido en una prisión de mínima seguridad situada en las afueras de la capital panameña, pero el pasado junio le fue impuesto el arresto domiciliario porque la ley de ese país prohíbe que los procesados permanezcan más de un año encarcelados preventivamente.