Hacinamiento y corrupción: el coctel del motín carcelario en Acarigua

Tres días después del motín en el Centro José Antonio Páez en Acarigua, en el estado Portuguesa (centro de Venezuela), aún se desconocen las causas oficiales de los hechos que provocaron la muerte de 30 personas y dejaron más de 20 heridos.

Las imágenes que circularon en las redes sociales de los cuerpos desnudos apilados en las celdas evidencian la violación de la integridad, los derechos humanos; y la corrupción que carcome al sistema con presos equipados con pistolas, revólveres y explosivos tipo granada. ¿Quién autoriza el ingreso de estas armas a una cárcel?

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el conflicto se desató hace más de 10 días cuando los internos exigían a los funcionarios que dejaran pernoctar a las visitas; la misma fue negada por la dirección de la Policía de Acarigua. La decisión intensificó la pugna y conllevó a la suspensión por completo de las mismas y, por consiguiente, el cese de ingreso de alimentos.

Los presos solicitaron la presencia de una representante de la Defensoría del Pueblo, pero la intención de los policías de trasladar al Centro Penitenciario “Los Llanos”, al “líder negativo” del grupo, conocido como “pran” en las cárceles venezolanas, agravó el hecho.

“Si quieres conocer con que cultura se maneja un país, visita sus cárceles y verás que tipo de gobierno tiene”.

Humberto Prado.

Los reos se organizaron y elaboraron una lista de nueve peticiones, entre las que destacaban: el cambio de director del centro, el restablecimiento del pase de comida y visitas con pernoctas cada 15 días, cigarrillos y bebidas alcohólicas, no revisar los alimentos, y permitir el pase de materiales para la construcción de una piscina.

Legalmente ninguna de estas exigencias son permitidas en las cárceles ni centros penitenciarios venezolanos, pero son bien conocidas sus prácticas en la gran mayoría de ellas.

Desde el jueves 23 de mayo, los reclusos intentaron tomar el lugar lo que generó el enfrentamiento con los efectivos policiales a cargo. En la refriega murió por herida de bala, Wuislandi José Medina Pineda, el detonante del motín.

Minutos después, el supuesto “pran”, Wilfredo Ramos, grabó un video con pistola en mano junto a dos mujeres quienes imploraban por un diálogo.

Las versiones de familiares, recabadas por la OVP dan cuenta de que comisiones de la policía estadal y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) decidieron ingresar al centro y fueron recibidos por una granada, se inició un fuego cruzado y, en horas del mediodía del viernes 24 de mayo, comenzaron a sacar los cadáveres y heridos hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de Acarigua. La mayoría presentaba esquirlas de balas.

Las dos mujeres sobrevivieron. El resto de los presos alzados fue desnudado y acostados en el patio para una requisa.

Humberto Prado, coordinador general de la OVP, responsabiliza al Estado de estos sucesos, pues ha permitido que los calabozos se conviertan en retenes con un hacinamiento de casi 200 %. El Centro José Antonio Páez en Acarigua tiene capacidad para 300 personas y había un total de 540.

El abogado criminólogo, Fermín Mármol, precisó que 140 personas han muerto en casi un año en eventos carcelarios similares.

Centro judicial de Amazonas, región fronteriza con Colombia y Brasil, 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos.

Carabobo- 2018

Comandancia de PoliCarabobo, en el centro del país. 66 internos fallecidos, y dos mujeres que estaban de visita.