Muerte de menores en bombardeo: duro golpe a la política de seguridad en Colombia

El debate de moción de censura adelantado este martes en el Senado de la República contra del ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, terminó en una revelación que ha puesto en medio de un complejo debate al gobierno del presidente Iván Duque: la muerte de siete menores en un bombardeo contra las disidencias de las Farc, hecho que no le fue comunicado en su momento a la opinión pública.

La revelación del senador colombiano Roy Barreras, en medio de su debate de control político, ha generado polémicas sobre la forma en que estarían actuando las Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos armados ilegales.

Los hechos se registraron el pasado 29 de agosto en una operación contra el líder de las disidencias de las Farc conocido con el alias de ‘Gildardo’ o ‘Cucho’ en el departamento de Caquetá, sobre la cual el Gobierno confirmó en su momento la muerte de 14 personas que pertenecían a este grupo ilegal.

“Usted (Botero) le escondió a Colombia que ese día bombardeó a niños y murieron siete menores. Por qué no le contó a Colombia que había bombardeado niños en ese operativo. Esconderle esas muertes a Colombia es razón suficiente para que este Senado lo censure, como estoy seguro que lo hará por primera vez en la historia del país”, manifestó el senador Barreras en el debate.

Barreras presentó un informe de Medicina Legal que confirma que en ese operativo fallecieron siete menores, de entre 12 y 17 años, que al parecer fueron reclutados por estas estructuras guerrilleras en esta zona del país, pero que fueron presentados por el Gobierno como bajas de esta estructura ilegal.

Con estas acusaciones, el congresista encendió las alarmas sobre el supuesto regreso de las ejecuciones extrajudiciales o denominados “falsos positivos” en la política de seguridad del país, las cuales fueron una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas entre 1988 y 2014 para mostrar resultados en las operaciones presentando a civiles como subversivos dados en baja.

El argumento del congresista también fue apoyado con la confusa muerte del líder activista Flower Jair Trompeta, que según sus familiares, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional en el departamento del Cauca el pasado 28 de octubre.

“Tengo que decirles que hemos vuelto a los falsos positivos”, manifestó Barreras en medio del debate, al cuestionar al jefe de la cartera de Defensa del país sobre estas acciones de las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que el Gobierno de Duque está enfrentando uno de los más duros golpes a su política de seguridad con estas revelaciones, las cuales tienen muy cerca al Senado de la República de que apruebe la moción de censura contra el ministro Botero.

Sin embargo, esta situación también ha afectado el prestigio de las Fuerzas Armadas con las denuncias del supuesto regreso de los “falsos positivos”, una situación en la que la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que todas las operaciones militares que se desarrollan en el país cumplen con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) e indicó que las Fuerzas Armadas han implementado un “proceso militar de toma de decisiones” que cuenta con el acompañamiento de un asesor jurídico operacional.

“Esta fue una operación lícita hecha con toda la rigurosidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y con acompañamiento de la Fiscalía, que desde un principio conocía de la operación. Se revisó clarísimamente la legislación y los abogados conceptuaron positivamente que el señor ‘Gildardo Cucho’ (cabecilla del grupo) era una amenaza para la seguridad nacional y como tal (se) podía bombardear el sitio”, indicó Botero durante su intervención en el Senado.

Ante los graves cuestionamientos a la política de seguridad, el ministro también resaltó que las Fuerzas Militares están a “disposición” de las autoridades judiciales para la revisión de los soportes operacionales con el fin de determinar si cumplieron con las normas penales del Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, fue más allá e indicó que esta operación no fue contra los menores de edad sino contra el grupo armado ilegal.

“La operación adelantada el 29 de agosto de 2019 a las 11:00 de la noche en la vereda Candilejas, del municipio de San Vicente del Caguán, no fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla del GAO residual séptimo, alias ‘Gildardo Cucho’”, señaló el general Navarro.

En ese sentido, el general manifestó que las Fuerzas Armadas no “tenían conocimiento” de la presencia de los menores en el campamento bombardeado y que esta estructura armada es una amenaza contra la seguridad del país.

Asimismo, defendió la actuación de las Fuerzas Militares y responsabilizó al grupo guerrillero  de la muerte de estos menores, al asegurar que fueron reclutados de manera forzosa, razón por la que se encontraban en el campamento cuando se dio el bombardeo.

“El grupo armado residual comete un crimen de guerra al reclutar forzosamente a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. Durante el planeamiento de la operación se siguieron todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, transverzalizada con el CICR y con altos estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, indicó Navarro.

De esta forma, el Gobierno del presidente Iván Duque está enfrentando fuertes cuestionamientos frente a su política de seguridad y lucha contra los grupos armados, pero especialmente por el supuesto regreso de los “falsos positivos” en el país.

Los próximos días serán cruciales para el mandatario colombiano, quien deberá  tomar decisiones sobre la continuidad del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y de los comandantes de las Fuerzas Militares, en medio de la fuerte polémica que se ha generado en el país.

Sin embargo, Botero también deberá enfrentar el miércoles de la próxima semana la votación de la moción de censura en el Senado de la República, en donde es muy probable que los congresistas decidan sacar al funcionario de su cargo.