Los estudiantes de Nicaragua “no conciben“ las escuelas como lugares seguros a los que ir, debido a las agresiones y amenazas recientes de policías y paramilitares, advirtieron dos ONG especializadas en educación y seguridad.
“Nuestros niños y nuestras niñas no conciben a la escuela como un lugar al que es seguro ir, porque en cualquier momento te puede agarrar una patrulla policial o de paramilitares, secuestrarte, o grabarte las siglas de un partido en tu cuerpo”, señaló el director del Foro de Educación y Desarrollo Humano, Jorge Mendoza.
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Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, incluidos decenas de colegiales, en protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien reconoce 199 víctimas.
Mendoza hizo referencia al caso de un niño de 14 años que en agosto pasado denunció que un grupo de policías lo detuvo para grabar con una aguja en uno de sus brazos las siglas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln).
También recordó que la semana pasada un agente apuntó con su arma de reglamento a una estudiante que reclamaba por el arresto de dos de sus compañeros, quienes supuestamente se habían quejado del Gobierno en una escuela pública de Managua.
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“Esta es una educación politizada, instrumentalizada para enajenar a los chavalos (muchachos) nicaragüenses, que si algo les parece abusivo, van a ser excluidos”, dijo el experto en Educación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Alex Bonilla.
Según el representante del Ieepp, a los estudiantes no solamente se les transgrede su derecho a la educación, sino también “la protección integral que debe garantizar el Estado a la niñez”.
Los especialistas coincidieron en que un número no específico de estudiantes están entre las 610 personas que, según los organismos humanitarios, guardan prisión como “presos políticos”, que el Gobierno afirma son 273 y los llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega niega toda responsabilidad y mantiene que salió “victorioso” de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
Con información de EFE.
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