No hubo libertad para María Lourdes Afiuni y Braulio Jatar

Tras conocerse el anuncio por parte de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la liberación de 22 presos políticos, entre ellos la exjueza María Lourdes Afiuni y el periodista venezolano-chileno Braulio Jatar, el 5 de julio, los familiares de estas dos últimas personas empezaron a denunciar supuestas irregularidades.

El mismo día que el anuncio fue realizado por la propia Bachelet, el Tribunal Supremo de Justicia sacó dos mensajes a través de su cuenta en Twitter en donde se decía, en el caso de Afiuni, que había sido levantada la medida cautelar, mientras que en el caso de Jatar se relataba que había sido revisada la medida.

A pesar de las denuncias hechas en las redes sociales, había que esperar a que los tribunales dieran despacho el lunes 8 de julio para recibir formalmente las boletas que acreditaban las medidas anunciadas por Bachelet.

En el caso de María Lourdes Afiuni, la exjueza se presentó en tribunales en horas de la mañana del 8 de julio para buscar el documento y tras seis horas, se conoció que la medida que se le retiró solo fue la presentación en tribunales. De acuerdo a un mensaje de su hermano, Nelson Afiuni, las otras medidas cautelares que pesan sobre la dama continúan.

En el caso de Braulio Jatar, él se dirigió a los medios de comunicación en Nueva Esparta y dijo que el tribunal ordenó su presentación cada 15 días y además tiene prohibición de salida del país, medidas que corresponden a un caso “arbitrario, ilegítimo e ilícito”.

Según su opinión, no se ha hecho justicia en su caso sino más bien se continúa con una “mueca judicial” debido a que no existe nada en el expediente que lo condene a estar en prisión. Además, resaltó que existen testimonios de personas que ni siquiera saben quién es él y que la Fiscalía no consigna para mantenerlo preso y ahora en régimen de presentación.

“Cuando hablamos de liberaciones como estas, nos sacan de la jaula y nos tiran a la calle con una cadena al cuello”, dijo.

Exhortó a la alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, a que le pida a la Fiscalía dirigida por el fiscal designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a que cumpla con consignar las pruebas que tiene “escondidas”.