Odebrecht se declara en bancarrota en Brasil

Foto: EFE/Sebastião Moreira

El conglomerado brasileño Odebrecht (ODB), que se vio involucrado en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales, solicitó acogerse a ley de quiebras a la Justicia del país suramericano, informó este lunes la compañía.

La empresa explicó en un comunicado que el pedido, presentado ante un tribunal de Sao Paulo, contempla 83.627 millones de reales (unos 21.400 millones de dólares), de los cuales 51.000 millones de reales (cerca de 13.100 millones de dólares) corresponden a deudas pasivas de reestructuración, según el documento presentado a la Justicia. Este se trata del mayor pedido a ley de quiebras de la historia de Brasil

De acuerdo con Odebrecht, ante el “vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas”, la administración del conglomerado concluyó que el pedido de “recuperación judicial se convirtió en la medida más adecuada” para posibilitar la “conclusión exitosa” de su proceso de reestructuración financiera de forma “coordinada, segura, transparente y organizada”.

En el comunicado, la constructora señaló, además, que el pedido no se extiende a algunas de sus sociedades. Tampoco están incluidas en la solicitud algunos activos operacionales en América Latina y sus respectivas subsidiarias, precisó Odebrecht.

Pese al pedido presentado ante un tribunal de Sao Paulo, el grupo Odebrecht aseguró que tanto sus empresas operacionales, como las auxiliares y la propia ODB siguen funcionando “normalmente”.

El conglomerado, uno de los mayores de Brasil y que se vio envuelto en los escándalos de corruptelas destapados por la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país, garantizó que sigue con los esfuerzos para “optimizar su liquidez y normalizar su estructura de capital” para, así, “reestructurar sus negocios de forma definitiva”.

La corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, dónde se investigan pagos de sobornos a políticos por parte de la constructora.