Foto: EFE
Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU condenaron el reciente asesinato de un excombatiente de las Farc y pidieron al Gobierno colombiano respetar las garantías de seguridad acordadas en el Acuerdo de paz firmados en 2016.
“Este atentado es un desafío para el proceso de paz ya que no cumple con el acuerdo final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes que deponen las armas”, destacó Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas también resaltó que estos hechos suponen una violación de las garantías acordadas por Colombia.
El pasado 22 de abril, a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el departamento Norte de Santander fue hallado muerto un miembro desmovilizado de las Farc, Dimar Torres Arévalo.
El excombatiente formaba parte de programas de reinserción como parte de la implementación de los acuerdos de paz de 2016.
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Tras el caso de Torres Arévalo, los expertos de la ONU hicieron un llamado a las autoridades colombianas para proteger los derechos y las libertades de todos los excombatientes reincorporados y de sus familiares desde el momento de su transición a la vida civil.
Asimismo, pidieron investigaciones y enjuiciamientos justos e imparciales por otros asesinatos y actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados.
“Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales que exigen independencia e imparcialidad”, explicó la ONU.
De acuerdo con la organización, ignorar las garantías prometidas a los excombatientes hace que aumenten las posibilidades de abandono del proceso de paz por parte de los excombatientes, así como las posibilidades de que se unan a grupos disidentes o vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.
“El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz. “, destacó la ONU, quien pidió la protección de estas personas y de sus familias.
Con información de EFE
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