¿Por qué continúan las protestas que tienen en una grave crisis política y social a Chile?

Chile ya completa cinco días en medio de unas graves protestas que surgieron por el aumento, anunciado por el gobierno, del pasaje del Metro de Santiago. A pesar de que la medida fue eliminada, las manifestaciones continúan por el alza de los precios de otros servicios públicos y principalmente por la desigualdad social que tiene el país.

Las protestas y desmanes se han extendido no solo en la capital sino también en varias regiones del país, en donde los ciudadanos han salido a las calles a mostrar su descontento con el gobierno por el alza de tarifas en otros servicios públicos (agua y luz), los problemas de la salud y pensiones, pero principalmente por un factor fundamental: la desigualdad social.

Los estudiantes universitarios fueron los que iniciaron las protestas el pasado viernes en la capital chilena en donde se registraron los primeros enfrentamientos con las autoridades y se generaron daños a decenas de estaciones del metro y bienes públicos.

Las tensiones han aumentado en los últimos días luego de que el gobierno del presidente, Sebastian Piñera, decretara un estado de emergencia para atender la grave situación de orden público, por lo que sacó a unos 10.000 militares a las calles para controlar los desmanes.

Ante la presión ciudadana, el gobierno tuvo que echar para atrás el anuncio del aumento de las tarifas en el pasaje del metro, pero la gente ha permanecido en las calles pidiendo verdaderos cambios en materia económica y social.

Es por esto que el estallido social se ha recrudecido en las últimas horas y cientos de personas se han sumado a las manifestaciones contra el gobierno, rechazando también la represión, que en algunos casos, ha utilizado la fuerza pública para despejar las vías y protestas.

Precisamente, los reportes de las autoridades han revelado que en estos cinco días de manifestaciones han resultado muertas 15 personas y han sido detenidas más de 2.600.

Esta situación ha impactado directamente el bolsillo de los chilenos ya que deben pagar más por servicios que usan con regularidad, a pesar de que sus sueldos no suben y mayoritariamente bordean entre los 400.000 y 500.000 pesos mensuales (unos 562 y 703 dólares).

La difícil situación económica también viene afectando a los adultos mayores, que pertenecen al sector más pobre de los chilenos. Por ejemplo, los que no cotizaron para la pensión están recibiendo unos 110.000 pesos (159 dólares) algo que, según los ciudadanos, es insuficiente para los gastos médicos y de alimentación que requieren este tipo de personas.

Una canasta básica de alimentos para una familia, que según las Naciones Unidas debe considerar unas 2.000 calorías, tiene un costo aproximado de 241 dólares mensuales, en donde el salario mínimo de los trabajadores chilenos alcanza solo los 423 dólares.

En ese sentido, la desigualdad económica en el país sudamericano se viene presentando desde hace décadas y podría partir desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y atravesar todos los gobiernos democráticos que siguieron, incluidos los de Michelle Bachelet y el actual segundo mandato de Sebastian Piñera.

El docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Christopher Sabatini, explicó que esta situación ha estado en “punto de ebullición por un largo tiempo” y las protestas se han generado por la acumulación de ese descontento ciudadano.

“La gente se siente desconectada del sistema. El mayor problema que enfrenta un sistema político que genera estabilidad, crecimiento económico y políticas consistentes es su capacidad de renovarse, de traer un liderazgo nuevo al poder. Eso puede verse en las presidencias repetitivas que han habido”, indicó Sabatini.

De acuerdo con el experto, el anuncio de aumentar las tarifas del metro fue ese factor que disparó las protestas sociales, pero de fondo hay un escenario y es que la gente está decepcionada con el gobierno y el sistema político porque no le ha garantizado plenamente sus derechos.

“En general hay un sentimiento similar de la gente en países como Ecuador, Líbano en donde hay un sentimiento de estar privados de derechos. entonces se convierte en algo simbólico y estalla. Algo similar ocurrió en Francia con los chalecos amarillos: un sentido profundo de malestar y desconexión entre la vida de la gente y la política”, agregó Sabatini.

Incendios, saqueos a establecimientos, daños a buses y estaciones del metro, entre otros, han sido la constante de este estallido social en el país sudamericano y conllevó a que el presidente Sebastian Piñera sacara a los militares a las calles para hacerle frente a esta situación y se estableciera un toque de queda en varias ciudades.

No obstante, la crisis se ha agudizado en Santiago de Chile ya que el metro solo tiene una de seis líneas funcionando lo que ha generado un caos en la movilidad en una ciudad de siete millones de habitantes. Además, se han suspendido las clases en escuelas y universidades.

Los problemas del transporte público también llevaron al cierre de todos los supermercados el pasado domingo y lunes, y en los pocos que abrieron a comienzos de esta semana se formaron enormes filas y congestiones para poder abastecerse de productos de primera necesidad como los alimentos.

“El riesgo aquí es que esto se convierta en una crisis perpetua de protestas que siga y siga y cada vez se vuelva más difícil de encarar. Las soluciones serían a largo plazo para que se vuelvan significativas para las personas… Las respuestas son a largo plazo, no las conocemos ahora como si fuera una receta, es mucho más profundo y político”, explicó el experto Sabatini.

El gobierno de Piñera ha tratado de entablar el diálogo con los líderes de varios partidos políticos para avanzar en un acuerdo social que permita dar soluciones de forma más rápida a los reclamos de los ciudadanos. Además, el presidente ha condenado la oleada de violencia que se ha desatado en el país.

Con este objetivo, el presidente anunció que el Ejecutivo está trabajando para hacer  una mejora en las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera en la sanidad pública, mejorar la calidad en la atención de salud e implementar un seguro catastrófico para controlar el gasto en medicamentos para las familias chilenas.

Lo cierto es que Chile está viviendo una grave crisis social y política haciendo que sea la primera vez, desde que se retornó a la democracia en 1990, en que se establece un estado de emergencia y toque de queda en varias ciudades del país.

“Ni siquiera las multitudinarias protestas contra la dictadura militar que partieron en 1983, ferozmente reprimidas por los militares, se vieron los actos de vandalismo surgidos en Chile en los últimos días”, indicó Sabatini.