¿Por qué la decisión de la Corte Suprema de Brasil le daría la libertad al expresidente Lula?

La decisión de la Corte Suprema de Brasil sobre acabar con la prisión de condenados en segunda instancia abriría la puerta para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y miles de presos queden en libertad.

El tribunal determinó por seis votos a favor y cinco en contra que una persona solo podrá ser recluida una vez agotadas todas sus apelaciones ante las instancias correspondientes, por lo que esta decisión le abriría la puerta a la libertad a casi 5.000 presos que siguen apelando sus sentencias condenatorias.

El escándalo de La Lava Jato, en el que está involucrado Lula, se conoció hace cinco años luego de que unas investigaciones revelaran la forma como los empresarios, políticos y directivos de la estatal petrolera Petrobras y otras empresas públicas desfalcaron las arcas de Brasil durante casi una década.

De hecho, los tentáculos de la corrupción traspasaron las fronteras de Brasil involucrando a varios líderes de países en Latinoamérica.

En ese sentido, más de cien políticos han caído en las garras de la Lava Jato en Brasil, entre ellos, dos expresidentes: Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), quien fue enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.

Con el nuevo escenario en la Corte Suprema, los responsables de la investigación de Lava Jato temen que la decisión de la máximo tribunal pueda dejar impunes a varios de los acusados por corrupción.

¿DECISIÓN ABRE PASO A LA IMPUNIDAD?

La decisión de la Corte Suprema cayó como un balde agua fría para los integrantes de la investigación de Lava Jato, quienes expresaron su preocupación por el riesgo de que algunos de los casos queden en la impunidad debido a la excesiva cantidad de recursos que permite la justicia de Brasil.

“La decisión de revertir la posibilidad de arresto en segunda instancia está en contradicción con el sentimiento de repudio a la impunidad y la lucha contra corrupción, las prioridades del país”, señalaron los fiscales de la Lava Jato en un comunicado tras conocer la decisión de la Corte.

“La existencia de cuatro instancias de juicio, propias de Brasil, asociadas con el número excesivo de apelaciones que superan el centenar en algunos casos penales, resulta en demoras y prescripción, lo que lleva a la impunidad”, agregaron los investigadores.

Por su parte, el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien fue el coordinador de los casos de la Lava Jato y quien puso tras las rejas al expresidente Lula, ha defendido públicamente la prisión en segunda instancia.

El entonces juez ha alertado, desde hace tiempo, que el sistema de recursos que permite la legislación brasileña “favorece la impunidad”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió en su fallo que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos al expresidente Lula.

La decisión de la Corte fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

LIBERTAD DE LULA: EL MAYOR GOLPE PARA EL LAVA JATO

Entre los presos políticos por corrupción, conocidos popularmente como delincuentes de “cuello blanco”, y que fueron puestos tras las rejas por la Lava Jato, hay al menos 38 condenados que pueden quedar en libertad con la decisión del Supremo, entre ellos Lula da Silva.

Algunos de los hombres mas cercanos de Lula también están entre los políticos condenados por la Lava Jato, como el exministro José Dirceu, quien podría verse beneficiado por la medida del Supremo.

El caso del expresidente Lula es uno de los más célebres de los últimos años y estaría entre los cerca de 5.000 presos que podrían quedar en libertad con el fallo de la Corte.

Precisamente, el exmandatario fue condenado, en segunda instancia, a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción, al ser hallado culpable de recibir como soborno un apartamento de la constructora OAS a cambio de beneficiar la adjudicación de contratos con la petrolera Petrobas.

No obstante, la sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado.

De esta forma, el expresidente podría conseguir su libertad y sus abogados vienen preparando unos recursos para solicitar formalmente su salida de la cárcel amparados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.