Los colombianos saldrán este jueves 21 de noviembre a las calles en una convocatoria a paro nacional realizada por sectores sociales y políticos en contra del gobierno del presidente Iván Duque.
Los promotores de las manifestaciones han argumentado que este paro se da por el descontento social contra las políticas del Gobierno y por los problemas que desde hace varios años vienen afectando al país en aspectos como la educación, pensiones, temas laborales y seguridad, entre otros.
En ese sentido, el presidente Iván Duque enfrentará la convocatoria en las calles de sectores políticos de la oposición, sindicatos, estudiantes, indígenas, pensionados, entre otros, en medio de un escenario bastante convulsionado en varios países de América Latina.
“Creo que la protesta pacífica es un derecho constitucional, un derecho que todos debemos garantizar y proteger. Por supuesto, también debemos tener la capacidad como Estado de que se aplique todo el peso de la Ley cuando lleguen infiltrados o vándalos que quieran afectar o cometer actos criminales”, manifestó Duque.
El mandatario colombiano ha desmentido que su gobierno haya presentando o esté pensando en un proyecto para reformar el sistema pensional y laboral del país con medidas como el aumento de la edad y de las semanas de cotización para la pensión, así como una flexibilización en políticas laborales.
“La protesta no tiene otra intencionalidad que presionar al Gobierno (…) para que se les dé respuesta a los problemas de la clase trabajadora”, argumentó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Al tema laboral también se han sumado los estudiantes universitarios quienes le han reclamado al Gobierno un mayor compromiso con los recursos para la educación pública.
Asimismo, la muerte de líderes sociales e indígenas en el país también ha sido uno de los motivos para esta manifestación, así como el asesinato de 170 exguerrilleros desmovilizados con el acuerdo de paz.
Ambiente de protestas en Latinoamérica
Las marchas de este jueves en Colombia se sumarán a las que en los últimas semanas se vienen registrando en Chile, Bolivia, Panamá, Ecuador, motivadas por el descontento de los ciudadanos con los gobiernos de estos países.
Las protestas en Chile han completado un mes y surgieron en rechazo a las políticas sociales del Gobierno en materia laboral, pensional, salud y educación. Sin embargo, poco a poco los sectores políticos y sociales han venido tratando de encontrar soluciones a estos problemas y se está abriendo el camino hacia una nueva constitución.
Por su parte, la crisis en Bolivia ha surgido por factores políticos tras la controversial reelección presidencial de Evo Morales y su posterior renuncia como mandatario.
Los problemas de orden público en Bolivia también completaron un mes y el Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, trata de encontrar salidas para convocar a los bolivianos a nuevas elecciones para elegir a su presidente.
En medio de este escenario político y social de América Latina, Colombia se sumará a las marchas ciudadanas en las calles en contra de las políticas estatales.
El gobierno colombiano ha dispuesto de un operativo para controlar el orden público en las principales ciudades del país y decidió cerrar las fronteras para impedir que las manifestaciones sean infiltradas por personas de otros países.
Tensión en las calles
Las autoridades colombianas están alerta a los problemas de orden publico que se podrían presentar en varias ciudades durante las manifestaciones sociales de este jueves en el país.
En las calles de Bogotá se han visto decenas de militares patrullando puntos estratégicos de la ciudad. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que esta medida se dio ante una solicitud de la Alcaldía de Bogotá.
“Lo que se está haciendo es (…) garantizar que quien quiera manifestarse pacíficamente pueda hacerlo y para responder, si hay actos de violencia, de conformidad con la Constitución”, aseguró Trujillo a la emisora Blu Radio.
Asimismo, en las últimas horas la Policía realizó más de treinta allanamientos que derivaron en la captura de dos personas con explosivos, los cuales serían utilizados para provocar violencia en las manifestaciones.
A todo esto se han sumado mensajes en las redes sociales, algunos de ellos de grupos radicales, que han tratado de generar temor a través de panfletos y mensajes desde diferentes tendencias.
Postura del Gobierno
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha señalado que su gobierno respeta el derecho a la protesta social y brindará las garantías necesarias para que las manifestaciones transcurran en tranquilidad.
Sin embargo, el mandatario indicó que muchos de los reclamos a su gobierno se están haciendo bajo señalamientos engañosos y mentirosos por parte de sectores opositores y radicales, pero invitó a buscar salidas a través del diálogo.
“Toda la sociedad tiene que rechazar (…) la violencia de quienes muchas veces quieren pescar en río revuelto. La protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo. Hemos tomado las precauciones con las autoridades para que las marchas se desarrollen con tranquilidad”, manifestó Duque.
Por su parte, el partido de gobierno (Centro Democrático), liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, aseguró que las movilizaciones responden a una “estrategia del Foro de Sao Paulo”, que agrupa a organizaciones de izquierda, para “desestabilizar” la democracia en la región.
Desde que asumió el poder en agosto de 2018, el presidente Duque ha tenido que enfrentar diversas manifestaciones por sus propuestas económicas, la política de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico y su intento por modificar el acuerdo de paz que desarmó y desmovilizó a la guerrilla de las Farc.
En medio de esta situación, el gobierno prevé que el PIB del 2019 podría ser del 3.6% y que sería muy favorable en un escenario de incertidumbre y flojo crecimiento económico que tendrá Sudamérica.
Sin embargo, a pesar de estos indicadores Colombia registra uno de los índices de desigualdad y desempleo más altos de la región.