Con un “tiro perfecto” se resolvió el secuestro de una mujer embarazada en la localidad de Cúa, estado Miranda, cuando un delincuente la tomó como rehén en frente de un banco en 1998 por casi cinco horas.
El agente que dirigió exitosamente la operación que generó la movilización de todos los cuerpos de seguridad del Estado fue el comisario de la Policía Técnica Judicial, Iván Simonovis.
Desde el año 2000, fue designado jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas por el entonces ministro de Relaciones Interiores, Luis Alfonso Dávila.
Nieto de uno de los participantes de la fundación de la Policía Técnica Judicial, actual Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), e hijo de un funcionario, Iván Simonovis formó parte de este organismo policial durante 22 años.
Ascendió a comisario jefe luego de recibir una serie de cursos en Estados Unidos, Francia y Alemania, y crear la Brigada de Acciones Especiales (BAE), de la cual fue su primer jefe.
Poco imaginó el también consultor penal que los hechos ocurridos durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, cambiarían su vida.
Fue arrestado en 2004 en el aeropuerto de Maracaibo cuando se disponía a volar a Atlanta.
El entonces jefe de la seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor y otros dos comisarios de la extinta Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero, fueron sentenciados a 30 años de prisión en 2009 por la muerte de 19 manifestantes durante los hechos que terminaron con la salida temporal del poder del presidente Hugo Chávez.
Otros funcionarios policiales de menor rango (Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez y Luis Enrique Molina, Arube Salazar, Marcos Hurtado y Ramón Zapata) también fueron sentenciados comprendidas entre 3 y 17 años. A otros dos funcionarios se les absolvió de todas las acusaciones.
El juicio que duró tres años fue uno de los más largos y cargado de tinte político en la historia venezolana.
Se realizaron 230 audiencias con más de 200 experticias, fotos, videos, así como que durante el juicio estuvieron involucrados casi 200 testigos.
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El desenlace de una multitudinaria marcha de la oposición que cambió su rumbo hacia el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas; mientras partidarios de Chávez estaban concentrados en la zona para evitar el paso de la manifestación a la esta parte de la capital venezolana, considerada por el chavismo como su “bastión”, fue el escenario en el que se basó el juicio que los condenó a prisión.
En el puente que se ubica a pocos metros del Palacio de Gobierno, comenzaron los disparos captados en imágenes por un canal privado venezolano (Venevisión) en las cuales se apreciaban a varios seguidores oficialistas usando armas de fuego para repeler a los opositores. Entre ellos estaba Richard Peñalver, quien fue identificado como uno de los “pistoleros de Puente Llaguno”.
Estas personas fueron absueltas de todos los cargos en octubre de 2004 porque el tribunal arguyó “que actuaron en legítima defensa”.
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El gobierno de Hugo Chávez consideró que la Policía Metropolitana fue “cómplice” de la intentona golpista de ese momento.
No obstante, en 2012 el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte, desde el exilio reveló, mediante una misiva desde Costa Rica, que recibió “órdenes y presiones” del entonces presidente Hugo Chávez para condenar a Simonovis y a los comisarios Vivas y Forero.
Durante sus años de reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde, su esposa, Bony Pertínez de Simonovis, denunció que el comisario presentaba 19 patologías, siendo la más grave de ellas una osteoporosis.
En 2013 fue recluido en el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo e intervenido quirúrgicamente de emergencia con un diagnóstico post-operatorio fue: Colecistitis aguda perforada, piocolecisto, gangrena vesicular, hidronefrosis derecha, hipertensión arterial y sacroileitis.
Esta situación provocó que el tribunal le otorgara medida de casa por cárcel el 20 de septiembre del año 2014 para hacerse un tratamiento médico.
Fue el 21 de noviembre de 2018, cuando Simonovis fue trasladado de su casa a la sede del Sebin para realizarle exámenes médicos, que en ese momento se denunció que no habían sido programados.
“Ya regresaron a Simonovis a nuestra casa, su arresto domiciliario. Fue esposado, incomunicado y entrevistado en el Sebin por un médico del gobierno, a quien le consignó las solicitudes para ser evaluado médicamente”, indicó Pertiñez a través de su cuenta en Twitter el citado día.
Además, le fueron colocados dos grilletes electrónicos. La medida de este mecanismo se llevó a cabo luego de la fuga del exalcalde Antonio Ledezma a través de la frontera colombo-venezolana.
Con 59 años de edad y tras más de cinco años cumpliendo condena en su residencia, Iván Antonio Simonovis Aranguren recuperó su libertad.
El 16 de mayo de 2019, se conoció que el preso político se había escapado del lugar donde cumplía condena de casa por cárcel desde 2014, luego de que Juan Guaidó -en condición de presidente encargado de Venezuela– firmara un indulto a los presos políticos.
Ante los rumores de su fuga, efectivos del Sebin aumentaron el número de funcionarios que custodiaban la vivienda de la familia Simonovis e impidieron el paso de su equipo de abogados para constatar lo que se ejecutaba en ese momento en la residencia.
Días después, a través de escuetos mensajes a través de Twitter, sus familiares informaron que estaba “a buen resguardo”. Se especuló de que había viajado a Alemania o el algún país europeo. Pero fue este lunes 24 de junio, cuando se su propia cuenta en la red social salió el siguiente mensaje:
Detrás de los barrotes, el comisario venezolano escribió su historia a la que título: Prisionero Rojo, que salió a la venta en 2013.
La autobiografía narra “con detalles como fue perseguido, detenido, enjuiciado y condenado sin pruebas, mostrando evidencias, hecho que quedó demostrando con la confesión del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte”.
“Espero que los capítulos del libro, especialmente los relacionados al juicio, sean analizados en foros y diferentes facultades de derecho para que los futuros abogados, jueces y fiscales de la nación aprendan a como no debe ser usada la ley e inclinar la balanza hacia la injusticia”.
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