El secuestro de periodistas, el robo de sus equipos y el bloqueo sistemático de las página webs de medios y portales digitales son algunas de las “tendencias degradantes para la libertad de prensa” en Venezuela expuestas ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional y actualmente radicado en España, leyó el informe de Venezuela en el encuentro y pidió a la SIP emitir una declaración sobre el intento de la administración de Nicolás Maduro de obtener una vacante en el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Denunció que los funcionarios chavistas “se están moviendo para obtener 120 votos de los países no alineados”.
El informe denuncia que en el último año “el clima de libertad de prensa se ha deteriorado, haciendo más incierto y peligroso el trabajo periodístico”.
“Se utilizan tribunales militares para enjuiciar a periodistas o a reporteros ciudadanos, derivando en el aislamiento total de los detenidos y un estado de desinformación absoluta”.
Según el informe, los protagonistas de ataques físicos, sean militares, funcionarios policiales o miembros de grupos paramilitares, “gozan de total impunidad”.
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“En las calles, bandas armadas, a pie o en moto, golpean o disparan contra ciudadanos y contra periodistas que informan sobre las protestas, delante de unidades militares que no impiden la acción de los delincuentes”.
No deja de lado la complicidad del sistema judicial que “persigue a los periodistas y no castiga a los responsables de las agresiones”.
Como novedad, “militares, policías y paramilitares” roban equipos a los periodistas: cámaras de video y cámaras fotográficas, teléfonos móviles, grabadoras de audio, micrófonos y hasta los bienes personales que las víctimas portan.
En Venezuela es continuo “el bloqueo sistemático a páginas web de medios y de portales digitales, a los que los ciudadanos no pueden acceder”.
Mientras cientos de reporteros, reporteros gráficos, editores, camarógrafos y especialistas de medios han escogido el exilio, sus compañeros que se mantienen en el país realizan su trabajo “en condiciones de extrema precariedad”.
“Deben realizar varios trabajos para sobrevivir, y, en la mayoría de los casos, ejecutan sus tareas en ambientes precarios y peligrosos”, señala el informe.
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