Con la pandemia de COVID-19 casi zanjada dentro de sus fronteras -así lo afirman las cifras oficiales-, China se enfrenta ahora a otro “brote”: el desempleo derivado del parón económico al que el virus alguna vez al país asiático.
Mientras que en 2019 la tasa oficial de desempleo urbano nunca superó el 5,3% también registrado el pasado enero, el indicador saltó al 6,2% (máximo histórico) en febrero, mes en el que las autoridades prorrogaron las vacaciones del Año Nuevo en China como medio de prevenir la propagación del COVID-19 y cuando el impacto en comercios y empresas comenzaron a hacerse patente.
Fue en ese momento cuando al corpulento señor Li, 36 años, casado, padre de una niña y con una casa recién comprada, le comunicaron que su sueldo en una empresa de gestión de guarderías se quedaría en el 70% del salario mínimo estipulado para Pekín , en China, ante el COVID-19, que en su totalidad suma 2.200 yuanes (309 dólares o 286 euros).
Al mes siguiente, en marzo, el dato del paro urbano mejoró ligeramente, con un 5,9%, aunque en abril volvió a subir, esta vez al 6%. Y ese mismo abril, al señor Li -con las guarderías cerradas desde enero- le liquidaron sin liquidación.
“No me informó ni finiquito”, relata a Efe a las puertas de una de las oficinas de arbitraje laboral de Pekín. Una vez se puso a revisar los números, las noticias no fueron sino a peor.
“La empresa ha estado pagando menos por mis prestaciones sociales de lo que le corresponde legalmente. También han abonado menos de lo debido en mi fondo de compra de vivienda”, apunta, en referencia al mecanismo creado por las autoridades chinas para facilitar la adquisición de esta.
El señor Li cree que la triquiñuela más sangrante de todas ha sido recortarle el sueldo poco antes de echarle, para que les saliera más barato el despido.
“Quiero resolver el problema y recibir una compensación”, cuenta, aunque aún no he logrado la cita previa en el tribunal de arbitraje, donde a primera hora de la mañana hacen fila varias decenas de personas afectadas por situaciones similares.
También fuera del edificio, varios abogados laboralistas ofrecen sus servicios. Y un chino chaparro ha montado una impresora multifunción en la parrilla de su moto para ganarse las habichuelas configuradas fotocopias de documentos a quienes, como la joven Huang, han acudido a intentar resolver sus casos.
“¡46 yuanes!”, Grita indignada Huang. “¡El último mes me pagaron 46 yuanes!” (equivalentes a poco más de 6 dólares o poco menos de 6 euros). “Es un insulto. Habría comprendido que me hubieran pagado incluso algo menos del mínimo interprofesional … pero no eso”.
La pobre Huang tuvo la mala puntería de empezar a trabajar para una empresa de formación de profesores de música el 26 de diciembre, cuando los síntomas del coronavirus se expandieron entre la población de Wuhan, la ciudad china donde se detectaron los primeros casos.
De los cuatro meses que necesitan con ellos, solo en dos le paganon lo convenido. Y ni rastro de las contribuciones de la empresa a la seguridad social y el resto de prestaciones.
La mayoría de los casos, cuyo número ha aumentado en los últimos meses -explican desde un bufete pekinés de abogados-, son como el de Huang: trabajadores jóvenes a los que las empresas adeudan el sueldo.
En las calles de Pekín, en China, donde la vida ya está casi en los niveles pre-coronavirus, no es raro toparse con tiendas vacías, cerradas, traspasadas. El resultado son situaciones como la de Huang.
En Cantón, en el sur de China, la escena es distinta. Una de las provincias manufactureras por antonomasia está asistiendo a la salida de trabajadores migrantes que no logran un empleo en la antigua industria textil imparable de la zona, ya que los pedidos del extranjero han caído en picado.
En la llamada “pequeña Hubei” de Cantón capital, parten autobuses cada día rumbo a la provincia de Hubei para llevar a la vuelta a su lugar natal a cientos de trabajadores migrantes que no encuentran trabajo, no pueden permitir los alquileres, no tienen qué coser con sus máquinas.
Algunos talleres de producción de complementos para teléfonos móviles se han reconvertido en fabricantes de mascarillas y material sanitario. Otros, braceros, ofrecen su trabajo en carteles que detallan sus habilidades, como el señor Wei -derribos, alicatado, instalación eléctrica, fontanería-, llegaron a Cantón hace tres décadas.
“Por la epidemia del COVID-19, ahora hay menos trabajo en China. No está siendo un año normal”, relata por teléfono Wei, natural de la provincia central de Henan, y que no se muestra especialmente optimista respecto al futuro.
Así las cosas, no es de extrañar que, en un comunicado de prensa publicado la semana pasada en la web del Ministerio de Finanzas, considere el fomento de la contratación como “la máxima prioridad”.
El organismo se compromete a “hacer todo lo posible por estabilizar y ampliar el empleo”. Para ello, el Gobierno de China planea hacer un uso extenso de los subsidios de desempleo y primas a la contratación ante el COVID-19, al tiempo que pretende rebajar la carga impositiva de las pymes, entre otras líneas de actuación.
Todo ello con el objetivo de recortar la tasa de desempleo urbano del 6% de abril, una cifra que, no obstante, no contemplar la mayoría de los trabajadores migrantes ni la situación en zonas rurales, y un dato que muchos estarán en entredicho.
La consultora Capital Economics cree que “el nivel real de desempleo podría doblar (esa cifra) ya que en torno a un quinto de los trabajadores migrantes (de un total de unos 300 millones en China) no ha regresado a las ciudades”, ante la emergencia del COVID-19.
Para Geoff Crothall, portavoz de la organización defensora de los derechos laborales Boletín Laboral de China (CLB), la situación ante el COVID-19 es peliaguda, pero por otros motivos, y en su opinión “no tiene mucho sentido intentar adivinar la cifra exacta” .
“La mayoría de los trabajadores despedidos no se pueden permitir estar en el paro durante mucho tiempo y aceptar trabajos mal pagados, inseguros o precarios con tal de llegar a fin de mes”, explica Crothall a Efe.
Sin embargo, por el momento esto no ha desembocado en huelgas en China porque -dicen desde CLB- “los trabajadores siguen siendo reticentes a grandes protestas o reuniones” debido a un riesgo de contagio del coronavirus.
Un hecho que se puede ver claramente en las cifras de la organización: de las 483 protestas de las que CLB tiene constancia que se registra en los primeros cuatro meses de 2019 se ha pasado a 142 en el mismo período del presente año.
A este cuadro se le suma el próximo desembarco en el mercado laboral de 8,7 millones de títulos universitarios a los que el virus ha tapiado un futuro hasta ahora prometedor, un peso de la desaceleración económica.
El último dato para la gente en edad de graduarse no es alentador: la cifra oficial de desempleo urbano en abril entre los trabajadores del segmento comprendido entre los 16 y los 24 años de edad hasta un 13,8%.
“Parece que el 2020 será el año más difícil para los recién titulados, porque el sector privado, una gran fuente de contratación, está pasándolo mal, cerrando y sin capacidad de contratar”, asegura el economista Hu Xingdou al diario Hongkonés South China Morning Post .
Según Hu, una cuarta parte de quienes se graduaron en este curso podría ir directamente a la cola del paro.
Mientras tanto, en Pekín, el señor Li esboza otro de los quebraderos de cabeza a las autoridades ya se están teniendo que enfrentar: “A la mayoría de la gente que conozco le han bajado el sueldo”.
Él dice que entre el modo de trabajo para una empresa estatal de su mujer y los ahorros de ambos podrán seguir manteniéndose un tiempo, pero sin gastar tan despreocupadamente como antes.
Y con una demanda debilitada, Pekín lo tendrá cuesta arriba para recuperar el terreno perdido y avanzar en su plan de transformación de la segunda potencia económica mundial en una economía basada en el consumo.
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