70 por ciento de los 110.000 presos recluidos en las cárceles y centros de detención provisional de Venezuela no tiene sentencia en firme, denunció este martes Carlos Nieto, de la organización “Una ventana a la Libertad”.
La cifra fue revelada al abrir la segunda jornada de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este martes concluye su 174 período de sesiones en Quito, Ecuador.
Para Nieto, “nunca en la historia de Venezuela se había vivido una situación penitenciaria tan grave“, según reportes de EFE.
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Además, agregó que el panorama contempla “violaciones permanentes a los derechos humanos de todo tipo”.
De las 110.000 las personas privadas de libertad, 8.000 son mujeres, y anotó que a falta de datos oficiales, trabajan con informes de organizaciones sociales.
Asimismo, relató que en Venezuela hay una dualidad de sistemas penitenciarios: las cárceles donde hay 45.000 personas, y los centros de detención preventiva o calabozos policiales, donde están unas 65.000.
Creados para detenciones de hasta 48 horas, en estos calabozos hay gente que ha permanecido hasta ocho años, aseguró Nieto en una sesión encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
Es en estos centros donde “está el gran caos que vive el sistema penitenciario venezolano” y sobre todo porque el Ministerio para el Servicio Penitenciario “no reconoce a estas 65.000 personas” como su responsabilidad y se la “endosa a la policía”.
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Del sistema controlado por el mencionado Ministerio dependen 45 recintos carcelarios, mientras que en los centros policiales de detención preventiva, hay unos 500 espacios en todo el país.
Por otro lado, mencionó que “el 70 por ciento aproximadamente de presos venezolanos no tienen todavía una sentencia en firme“, y que el retardo procesal es uno de los “más graves” problemas de la convulsa Venezuela.
Una cifra que supera en algo más del doble al promedio en la región de personas en espera de juicio, que es de alrededor del 36 por ciento, según el comisionado de la CIDH, Joel Hernández.
De los alrededor 500 centros policiales de detención preventiva, la ONG monitorea 203 en quince estados, que tienen capacidad para 3.734 reclusos, “pero actualmente hay 19.028 reclusos, de los cuales 1.369 son mujeres“.
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“Esto significa que tenemos un 509,58 por ciento de hacinamiento”, subrayó antes de anotar que entre enero y octubre pasados fallecieron 168 reclusos en los centros monitoreados, 48 de ellos perecieron por enfermedades como la tuberculosis.
También hay fallecimientos por desnutrición “ya que en los calabozos policiales no se les dan comida” y son sus familiares los responsables de traérsela.
Sobre las mujeres presas, el problema gira en torno a la falta de entrega de productos de limpieza o atención oportuna a embarazadas, así como las denuncias sobre “favores sexuales” exigidos por parte de los carceleros.
En nombre del Estado venezolano respondió a las denuncias el embajador René de Sola, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ratificó el compromiso de luchar por el respeto a los derechos humanos en un país que de facto controla el régimen de Nicolás Maduro que no es reconocido por la OEA y más de 55 países.
“Como Estado nos sentimos de la misma manera, vulnerados en ciertos derechos”, afirmó de Sola.
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Hernández, que es también Relator de Derechos de las personas privadas de libertad, expresó la “preocupación” de la organización por la situación de los presos en Venezuela, pero vio improbable que pueda llegar a ese país a hacer su trabajo de relatoría.
Más bien, señaló, organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja podrían hacerlo.
En una segunda audiencia este martes sobre la tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos en la represión estatal, organismos no gubernamentales revelaron graves casos de atentados contra los derechos básicos.
Basada en datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,lapresidenta de la ONG “Defiende Venezuela”, Géneses Dávila, reveló que “casi todos los detenidos por razones políticas en Venezuela, han sido sometidos a alguna forma de maltrato, ascendente, en la mayoría de casos, a tortura”.
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Según sus datos, “el Ministerio Público reportó 72 denuncias de torturas relacionadas a 174 detenciones en el contexto de las manifestaciones entre 2017 y 2019″, no obstante la ONG Foro Penal reportó “al menos 412 casos” en el mismo período.
Enfocada sólo en cifras del Ministerio Público, Dávila calcula que “al menos cuatro de cada diez personas detenidas (en protestas) son torturadas en Venezuela”.
“Fue en 2017 cuando la tortura se instauró como una política de Estado, pero ha prevalecido hasta el día de hoy pues se registra al menos 186 casos de tortura en 2017, 112 en 2018, y 114 en 2019, según cifras del Foro Penal”, detalló.
Hernández se mostró consternado por la situación “dramática” que podría convertirse en un asunto de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, donde hay “una absoluta ausencia del Estado de derecho”.
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