Asumiendo las competencias que dicta la constitución, la Asamblea Nacional designó a Gustavo Tarre Briceño, como representante especial ante la OEA para garantizar que Venezuela se mantenga dentro del sistema interamericano defensor de los derechos humanos.

Esta designación fue hecha por el pleno de la Asamblea Nacional tras aprobar por unanimidad ratificar la adhesión de Venezuela a la Organización de Estados Americanos (OEA), declarando como absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la carta de la organización suscrita por Nicolás Maduro.

El acuerdo resalta que “la denuncia interpuesta en marzo del 2017, es jurídicamente inexistente y no produce efectos jurídicos”.

El acuerdo fue propuesto por el diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración, quien desvirtuó la intención del gobierno de Nicolás Maduro de retirarse de este organismo, precisando que la adhesión a estos convenios tienen jerarquía constitucional, por lo cual es un acto írrito que busca dejar sin protección de derechos humanos a los venezolanos, por lo cual viola además el principio de progresividad de la Carta Magna.

La permanencia del Estado venezolano en la OEA, es una condición necesaria, para cumplir con los Acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero, “en los que se acordó que en el marco de los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución, se adoptarían las medidas para la efectiva conformación del Gobierno de Transición, presidido por Juan Guaidó, quien en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional es el designado para encargarse de la Presidencia de la República”.

En el debate se precisó que esta denuncia de la Carta de la OEA, así como contra la Convención Americana, forman parte de las acciones emprendidas por el régimen de Maduro, para romper el orden constitucional y democrático en Venezuela, permitiendo así la consolidación de un Gobierno de facto, responsable de la sistemática violación de Derechos Humanos, tal y como ha sido declarado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido el parlamento ratifica la adhesión del país a la OEA basado en el Acuerdo Sobre la Declaratoria de Usurpación de la Presidencia de La República y el Restablecimiento de la Vigencia de La Constitución, aprobado el 15 de enero pasado, en el que se acordó que el parlamento puede disponer de las medidas necesarias para asegurar la permanencia del Estado venezolano en organismos multilaterales y la vinculación de los mecanismos internacionales de protección de Derechos Humanos .

La declaratoria del parlamento busca actuar dentro del periodo de salvaguarda previsto en la Carta de la OEA que culmina el próximo 2 de mayo para que la denuncia entre en vigor, y permitir que el Estado venezolano, continué siendo miembro de pleno derecho de la Organización de Estados Americanos, como si nunca se hubiese presentado tal denuncia.