Las autoridades sanitarias de Brasil han mostrado su preocupación porque el país está ad portas de un colapso del sistema público de salud en donde más de la mitad de los estados están al límite de su capacidad para atender a los pacientes del COVID-19.
Este escenario ha provocado un aumento de la presión para que el presidente brasileño Jair Bolsonaro tome medidas drásticas para contener el incremento exponencial de contagios que atraviesa el país.
Los expertos han explicado que Brasil vive su peor momento de la pandemia desde que el 26 de febrero de 2020 registrara el primer contagio, coincidiendo además con la aparición de la variante amazónica (P.1) que ha demostrado ser más contagiosa.
Desde noviembre de 2020, la curva de casos y fallecidos crece de forma preocupante, pero ha adquirido niveles dramáticos en los últimos 40 días, periodo durante el cual el promedio diario de muertes asociadas al COVID-19 no ha bajado de mil decesos.
La Universidad Johns Hopkins ha revelado que Brasil es, junto a Estados Unidos y la India, uno de los países más afectados por el COVID-19 al registrar casi 256.000 fallecidos y más de 10,6 millones de casos.
Un panorama complejo
Brasil ha sido uno de los países que mayor impacto tuvo durante la primera ola del COVID-19 en el mundo, pero esta segunda ha demostrado ser más contagiosa y letal poniendo en jaque a más de la mitad del país al mismo tiempo.
El índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del sistema público sanitario supera el 80 % en 18 de los 27 estados brasileños, con un matiz: son cada vez más los jóvenes con cuadros graves de la enfermedad.
“El riesgo de colapso existe y ya lo estamos observando en varias regiones del país”, afirmó Carlos Starling, médico consultor científico de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI).
Después de meses de flexibilización, los Gobiernos regionales y municipales han endurecido de nuevo las medidas de distanciamiento, como el cierre de los negocios no esenciales y toques de queda nocturnos, para evitar el colapso ocurrido en enero en Manaos, capital del estado de Amazonas.
Más casos pero con menos camas
Amazonas, donde surgió la nueva variante del COVID-19 y cuya estructura hospitalaria ha sido históricamente precaria, vio desbordado su sistema sanitario en cuestión de semanas provocando que escaseara hasta el oxígeno para atender a los pacientes.
Desde entonces, cientos de pacientes diagnosticados con COVID-19 fueron trasladados a otros puntos del país para recibir tratamiento.
Ahora, otros estados temen llegar a ese extremo, como Santa Catarina (sur), que ya tendrá que trasladar a cerca de una veintena de pacientes con COVID-19 a otra región después de que algunos enfermos hayan fallecido esperando un lugar en la UCI.
“La perspectiva no es buena. Lo que vimos en Manaos ciertamente lo vamos a ver en otras regiones de Brasil”, advierte Starling.
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La segunda ola llega además en un momento en el que se han reducido paulatinamente el número de camas de terapia intensiva financiadas por el Ministerio de Salud. También son pocos los hospitales de campaña que aún quedan en pie.
Los datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) evidencian que en diciembre habían 12.003 camas UCI para la atención del COVID-19 financiadas por el Gobierno; pero en enero la cifra disminuyó a 7.717 camas y en febrero terminó con 3.187.
Presión para Bolsonaro
La entidad, que reúne a los 27 responsables regionales de las áreas de salud, exigió en la víspera la adopción de “medidas inmediatas” a nivel nacional para hacer frente “al peor momento de la crisis sanitaria” en la historia del país con la pandemia del COVID-19.
La comunidad médica ha pedido un toque de queda nocturno en todo el país, el cierre de bares y playas y la suspensión de actividades presenciales educativas y deportivas, así como de conciertos, congresos y actos religiosos.
El presidente Bolsonaro, que se niega a reconocer la gravedad de la pandemia y acostumbra a criticar cualquier tipo de restricción, aún no se ha hecho eco públicamente de ese llamado, pero sí lo ha hecho el vicepresidente, Hamilton Mourao.
Mourao afirmó este martes que “no sirve” imponer “algo nacional” en un país tan grande como Brasil porque sería imposible hacerlo cumplir y el Gobierno no es una “dictadura” para tomar este tipo de decisiones.
El funcionario también aseguró que la población está “cansada” de medidas sanitarias y apostó por acelerar la campaña de vacunación.
Sin embargo, la inmunización, que empezó a mediados de enero, avanza lentamente y hasta la fecha sólo ha recibido la primera dosis un 3,2 % de la población brasileña, una cifra insignificante frente a los más de 212 millones de habitantes que tiene el gigante suramericano.
