El diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro, quien se encuentra en Ginebra en donde en días pasados denunció ante el Consejo de DDHH los casos de Rufo Chacón y el capitán Rafael Acosta Arévalo, consideró el 5 de julio tras la presentación del informe sobre Venezuela por la alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, que confirma que en el país existe una “violación sistemática de los DDHH como política de Estado”.
Pizarro indicó que además ratifica las condiciones difíciles por las que pasan los venezolanos como en temas de alimentación, salud, el poco poder adquisitivo y que además se viola el derecho a la vida. También expresó que se “habla con claridad de emergencia humanitaria compleja”, al tiempo que relató que hay personas en el país que mueren por falta de medicinas.
Subrayó que en el documento refleja que elementos como la represión, la persecución y la tortura “son parte de las herramientas que utiliza quien usurpa funciones para perseguir a la disidencia” e hizo mención que durante la sesión del Consejo se presentó el testimonio del capitán Acosta Arévalo, que murió estando en custodia de las fuerzas de seguridad del Estado, así como el caso del concejal Fernando Albán.
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Aseveró que se logró que la voz de las víctimas tuvieran eco en los países que se encontraban presentes para escuchar de primera mano la situación venezolana en voz de Michelle Bachelet. Denunció malnutrición de los niños y el difícil acceso a las medicinas que “no importa que tengas el dinero, no se consiguen”, al igual que el “control político” que hace el Estado venezolano a través del CLAP.
“Nosotros hoy vemos con interés y nos parece una iniciativa importante la que asumió la vocería de Perú y que fue respaldada por el Grupo de Lima, que es la creación de una comisión internacional para empezar a determinar responsabilidades individuales y colectivas en cada una de las violaciones de DDHH que se hacen en Venezuela”.
Alertó también que el tema venezolano tiene un sentido de gravedad y urgencia para resolverlo lo más pronto posible, como por ejemplo la matanza de los indígenas de la etnia Pemón y que la explotación del arco minero ha traído más problemas al país porque “arma a los niños, explota mujeres y exporta enfermedades” y también el actual régimen ha producido más de 600 presos políticos.
Recalcó que existe países y continentes que buscan “empujar” la situación de Venezuela a la democracia y a un cambio político, el Ejecutivo venezolano “solo le quedan algunos amigos” como Siria y Corea del Norte, ya que Rusia y China “marcaron distancia en lo que ocurría” durante la sesión.
Reveló que tras ser despojado de forma írrita de su fuero parlamentario estuvo entre el “resguardo y la clandestinidad” y que apenas “hace una semana” logró salir del país con esfuerzos para cruzar la frontera y evitar ser detenido por los cuerpos de seguridad del Estado.
“Que se repita el informe”
El viceministro venezolano de Asuntos Exteriores del gobierno de Maduro, William Castillo, criticó el informe presentado por Bachelet al considerarlo como “parcial” y lleno de “graves errores metodológicos”.
A su juicio, el documento “está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos” y que no refleja la realidad del país, según EFE.
En ese sentido, exigió que el contenido de ese informe sea corregido.
Además rechazó en nombre de la administración que representa la “criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales”.
“Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente (estadounidense) Donald Trump”, defendió.
