El diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro, quien se encontraba resguardado luego de que el Tribunal Supremo de Justicia autorizara despojarlo de su inmunidad parlamentaria el 14 de mayo, reapareció el 3 de julio en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en donde denunció la muerte del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo, y lo ocurrido con Rufo Chacón, joven de 16 años que perdió sus ojos a manos de funcionarios de seguridad del Estado cuando protestaba por gas en el estado Táchira.
De acuerdo a una nota de prensa, Pizarro alertó que en Venezuela existen más de 630 presos políticos y víctimas de «tratos crueles» como los casos de Acosta Arévalo, quien murió estando en custodia de los cuerpos de seguridad venezolanos «producto de torturas infligidas por la contrainteligencia militar en el centro de torturas Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar)» y el de Chacón, quien quedó ciego tras recibir perdigones en sus ojos por pedir gas para cocinar.
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Por otro lado, el parlamentario -quien llegó a esta instancia por el espacio cedido por la ONG United Nations Watch– aprovechó para acusar la persecución que realizan las instituciones del Estado contra las voces disidentes de la Asamblea Nacional, ya que se le ha despojado de la inmunidad parlamentaria al menos a 22 legisladores de forma arbitraria.
«Al menos 96 diputados más han sido víctimas de amenazas y hostigamiento, entre ellos los diputados (Juan) Requesens y #Edgar) Zambrano que hoy se encuentran presos en instalaciones militares y de la policía política para así tratar de acabar el único poder legítimo en nuestro país», dijo.
Aseguró que su presencia en Ginebra no es una «decisión personal», ya que al ser perseguido por la administración de Nicolás Maduro le llevó a continuar «la lucha» en otros espacios para hacer visible la emergencia humanitaria que se vive en la nación sudamericana.
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Recalcó la necesidad de que los organismos multilaterales, gobiernos y otras agencias especializadas en ayuda humanitaria deban trabajar en conjunto para lograr la salida a la crisis venezolana.
Pidió además a la comunidad internacional y al sistema de la ONU, así como a los estados integrantes del organismo mundial, a explorar la posibilidad de conformar una comisión de investigación en Venezuela y «estas cifras y casos presentes el jueves, cuando se publicará el informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Venezuela, y el viernes cuando se llevará a cabo el debate correspondiente.»
