Alfredo Romreo, director del Foro Penal
La represión del régimen de Nicolás Maduro se ha incrementado en las últimas semanas con detenciones y persecución a periodistas y a dirigentes políticos. Uno de los casos más reciente es el de Nicmer Evans, quien fue sometido a una orden de prisión preventiva por el tribunal 21 de Caracas.
Según la ONG Foro Penal, se le acusa de una supuesta instigación al odio.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Hay que recordar que en Venezuela se promulgó una ley contra el odio, que ha sido criticada por muchas organizaciones, incluyendo la ONU. Es una ley que viola la libertad de expresión. Esta ley ha servido para encarcelar y perseguir a muchas personas por omitir opiniones críticas en contra del gobierno. Esto fue lo que ocurrió con Nicmer Evans. Se le señala de escribir varios tuits contra del gobierno, que no se encuentran en el expediente y solo son referencias a unas supuestas expresiones de Evans a través de sus redes sociales”, dijo Romero.
Ante este señalamiento, estamos en presencia de una justicia que trabaja con referencias o supuestos, y no con hechos concretos.
“Cuando se trata de casos políticos, lo que se acostumbra es que a las personas se le aplica una prisión preventiva, como lo está Nicmer Evans. Esa prisión preventiva se produce para evitar su posible fuga. Sin embargo, esas prisiones preventivas se producen sin mucha evidencias, sino con actas policiales. Los abogados generalmente nos oponemos, porque la libertad debería ser la regla y no la excepción, pero esto nace de una política de estado de persecución en contra de aquellos que emiten opiniones”, agregó el abogado.
El segundo informe de la Alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, destaca la falta de equidad y transparencia de la justicia venezolana.
“Hasta ahora Evans está preso en el DGCIM, en una prisión militar. Es una cárcel muy irregular que ha sido criticada por parte de las Naciones Unidas, porque es una prisión donde no hay acceso a abogados ni a familiares. En términos formales, debería esperarse el lapso de 45 días para verificar si hay alguna acusación. El encarcelamiento político tiene una instrucción política y la liberación también es basada por una decisión política. En estos casos lo prudente es subirle el perfil a Nicmer Evans. Es decir, que el mundo entero sepa que hay una persona que está encarcelada por motivos políticos, en virtud de la ley del odio que ha servido para perseguir a quienes opinen en contra del gobierno”, agregó el director del Foro Penal.
Durante el régimen de Nicolás Maduro se ha incrementado el número de presos políticos. El informe Bachelet destaca el carácter represivo del régimen e incluso menciona las torturas que se realiza en la DGCIM.
“En la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, hay militares que los vinculan con supuestos casos de conspiración. Allí hay personas que tienen relación con casos absolutamente políticos. Los testimonios nos han dejado saber que es un lugar donde las personas son interrogadas y luego van a otros lugares. Hay muchas denuncias de torturas, pero no nos constan. Al día de hoy son 396 presos políticos”, dijo Romero
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