La libertad de expresión en Nicaragua recibe un nuevo golpe. La bancada de diputados del partido gobernante, Frente Sandinista, presentó el pasado lunes un proyecto para castigar con la cárcel la difusión de noticias falsas, bajo la tipificación de “ciberdelitos”.
El texto, difundido por el Congreso unicameral, apela a la necesidad de “la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas”.
El periodista Maynor Salazar abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El concepto que tiene Daniel Ortega por ciberdelitos es bastante amplio. Ellos catalogan como ciberdelito cualquier tipo de ofensa, insulto, o cualquier cosa que incite a un delito. Si bien la ley es bastante amplia, la mayor preocupación que se tiene en Nicaragua es que la ley está destinada a castigar a los opositores, periodistas y a las fuentes de información que filtran cualquier tipo de documentación de las instituciones públicas. Esto debe entenderse como un castigo que quiere imponer Daniel Ortega a la oposición y al periodismo independiente en Nicaragua”, dijo Rondón.
La ley habla de noticias falsas y de incitación al odio, un discurso repetido en los gobiernos autoritarios. Sin embargo, no se sabe quién determina si la noticia es mentira o si es una incitación al odio.
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“En teoría eso lo determinan las instituciones del gobierno. Ese es el principal detalle en esta iniciativa que están presentando. El artículo 30 habla específicamente de la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la comunicación y la información. El gobierno será el que catalogue que es una noticia falsa. Sin embargo, desde que Daniel Ortega llegó al poder, en 2007, cualquier noticia que señale corrupción o tráfico de influencia, es vista por el gobierno como una noticia falsa. De hecho, han catalogado como información falsa todas las noticias de los medios independientes sobre el mal manejo de la pandemia del COVID-19. En este contexto, hay mucho riesgo para los hombres y mujeres que trabajan en la prensa”, señaló el periodista.
La ley puede ser una herramienta para violar la libertad de expresión y además castiga con cárcel a quien publique una información que sea considerada falsa.
“En la iniciativa que presentaron los diputados sandinistas, hay distintas penas. Van desde un año de prisión, hasta cinco y la máxima es de diez años. Todo depende del delito que se comete según la ordenanza. El castigo por difundir noticias falsas, el castigo será de tres a cinco años de prisión”, dijo el entrevistado.
Salazar también recordó que esta práctica del gobierno de Daniel Ortega no es nueva. Hay que señalar que Ortega ya procesó a Lucía Pineda y Miguel Mora del canal 100% Noticias por supuesta mente «incitar al odio». «Lo que está haciendo Ortega es legalizar un instrumento para que pueda decir ante la comunidad internacional que está aplicando leyes”.
América Digital
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