En su editorial de este 06 de abril, César Miguel Rondón habla sobre el hostigamiento y la persecución que hay en Venezuela contra quienes, ante la falta de transparencia por parte del Gobierno, alertan sobre casos de coronavirus en los diferentes estados del país.
El presentador comenta específicamente el caso de la bioanalista Andrea Sayago, quien fue apresada de manera arbitraria en el estado Trujillo luego de que fotografiara y enviara a sus compañeros los exámenes de una persona diagnosticada con COVID-19 en la entidad.
Rondón explica que el viernes 03 de abril, Jacqueline Peñaloza, esposa del gobernador Henry Rangel Silva, denunció a Sagayo en su cuenta de instagram.
«El sábado 04 de abril, Andrea Sayago, fue detenida por el Sebin de forma irregular en Valera», continua el periodista.
César Miguel Rondón aclara en su texto que martes 31 de marzo, «la señora Peñaloza afirmaba que no habían casos confirmados en esa zona» pero el día 2 de abril, «declaró que había 2 pacientes infectados, uno de ellos, fallecido».
Para el presentador, «es un derecho de todos los venezolanos» saber la verdad sobre la pandemia. Sin embargo, ocultarla sí debe ser un delito.
«¿No podría considerarse esto un tipo de homicidio?» es la pregunta que deja a la reflexión. Pues Maduro y sus funcionarios siguen ocultando el número de casos de coronavirus y por ende, poniendo en riesgo a la población más vulnerable.
