La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó este jueves de que, desde el inicio de las protestas en ese país hace una semana, cinco personas han muerto, 554 han resultado heridas y 929 han sido detenidas en el contexto de las mismas.
En un comunicado, la institución detalla que la primera víctima mortal fue Raúl Chilpe, que según la investigación llevada a cabo por la ONG Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), falleció el domingo al ser atropellado cuando participaba en una protesta en la vía Molleturo-Cuenca, de la provincia de Azuay.
Precisa el texto que el conductor del vehículo, aparentemente “intentó arrollar a varios manifestantes”.
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El segundo fallecido de acuerdo al recuento fue Marco Humberto Oto el pasado lunes, un joven de 26 años cuyas circunstancias de la muerte están siendo investigadas por la Policía, indicó EFE.
No obstante, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) responsabilizó de su muerte a las fuerzas de seguridad porque, aparentemente, cayó desde lo alto de un puente peatonal, en el barrio de San Roque, en el sur de Quito, cuando intentaba huir de una unidad motorizada que le había acorralado.
Junto a él también murió en las mismas circunstancias, José Daniel Chaluiza y Marco Humberto Oto, mientras aún se investigan las circunstancias que les llevaron a estar en el mismo puente.
Ambos murieron en el Hospital Carlos Andrade Marín, adonde fueron trasladados tras la caída, y el primero falleció el martes y el segundo el miércoles, según indica la ONG.
Durante la jornada de este jueves también perdió la vida José Rodrigo Chaluiza, un manifestante cuyas circunstancias del deceso todavía se desconocen.
En el mismo contexto también murió en las protestas que tuvieron lugar en Quito Inocencio Tucumbi, dirigente indígena procedente de la provincia del Cotopaxi.
En este sentido, la Inredh atribuye la causa de su muerte a “la desmedida represión ejecutada por la fuerza pública”.
Acerca de las 554 personas que han tenido que recibir asistencia médica durante los últimos días, la Defensoría no precisó cuántos han sido civiles y cuántos pertenecen a las fuerzas del orden del país andino.
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