La presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Añez, anunció una inminente orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales, refugiado en Argentina, e investigado por supuestos delitos de sedición y terrorismo.

Actualmente, la justicia de ese país averigua a un conjunto de empresas presuntamente vinculadas a Morales y Álvaro García, y sospechosa de actos ilícitos.

Las empresas involucradas son las cadenas de televisión ATB y PAT, el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal y la administradora de fondos de jubilación ProVida. 

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Se realizarán auditorías a los movimientos económicos, a los créditos otorgados, a las condiciones de transferencia de las empresas y al origen de los fondos empleados en las diferentes transacciones.

Ante esto, Morales se defendió en Twitter.

Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 15, 2019

En un comunicado, el empresario Marcelo Hurtado, sindicado de manejar el conglomerado, negó el hecho y aseveró que su única relación empresarial es con la cadena ATB “en calidad de uno de los socios y formalmente como Representante Legal Ejecutivo”

Mientras todo esto ocurre, Morales mantiene reuniones con dirigentes de su partido MAS para “planificar la campaña electoral” de las nuevas elecciones en su país, cuya fecha no está definida.

“Evo Morales tiene carácter de refugiado en nuestro país. Los refugiados tienen los mismos derechos de cualquier argentino. Puede expresarse libremente. Nadie le va a coartar las libertades. Obviamente él eso lo va a hacer con mucha responsabilidad”, declaró el domingo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al diario Tiempo Argentino.