El Tribunal Constitucional de Bolivia dio este miércoles su visto bueno a la ampliación del mandato del Gobierno interino de Jeanine Áñez y también del Parlamento nacional, hasta la toma de juramento de las autoridades de ambos poderes que sean elegidas en los comicios de mayo.
El fallo del tribunal llega poco días antes de la fecha en que inicialmente debía concluir el mandato, el próximo miércoles 22 de enero, y responde a una consulta del Senado de Bolivia sobre la posibilidad de extender ambos mandatos hasta después de las elecciones del 3 de mayo.
Los magistrados del tribunal comparecieron ante los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder judicial, para informar sobre la resolución.
«Se estableció que corresponde la prórroga del periodo de mandato de las autoridades de los Órganos del Poder Público en los niveles central y subnacional (Ejecutivo y Legislativo)», señala un comunicado leído a los medios por el magistrado relator de la declaración, Carlos Alberto Calderón.
La ampliación de mandato también alcanza a las autoridades del nivel subnacional, es decir, a los gobernadores y legisladores regionales, alcaldes y concejales.
Los magistrados fallaron de esta forma al entender que «a partir del vacío inminente que podría producirse» desde el 22 de enero, se tendría como efecto «la fractura del Estado constitucional de derecho», lo que pondría en riesgo la vigencia de los fundamentos constitucionales, argumentó Calderón.
El juez aclaró que el tribunal no ha modificado ni ha revisado la duración de los mandatos establecida en la Carta Magna, sino que «ha procurado generar una solución jurídica constitucional a partir del vacío existente desde el 23 de enero hasta el momento de la posesión de autoridades nacionales y subnacionales electas».
Bolivia celebrará nuevos comicios el 3 de mayo tras quedar anulados los del pasado 20 de octubre, en los que Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
Esas elecciones se anularon en medio de denuncias de fraude a favor de Morales, quien el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que hubo «operaciones dolosas» en las elecciones de octubre, que alteraron «la voluntad expresada en las urnas».
Áñez asumió el 12 de noviembre la Presidencia interina, al activar como senadora el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo con la renuncia de Morales y de todos los que constitucionalmente estaban habilitados para reemplazarlo.
Aquella sucesión fue avalada por el Tribunal Constitucional.
El expresidente, que tramita su refugio en Argentina, ha demandado que Áñez deje el poder el 23 de enero y que en su lugar asuma la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz.
Sin embargo, esa figura de sucesión, que sí se encontraba en la Constitución previa a 2009, no está contemplada en la Carta Magna puesta en vigor ese año por Morales.
Por su parte, los detractores del exmandatario han reclamado que no se prorrogue el mandato del Parlamento, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
