La representante diplomática en Ginebra del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, María Alejandra Aristeguieta, considera que el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, servirá de aval para que las naciones sigan presionando, de una manera más contundente a Nicolás Maduro.

“La información es lo suficientemente contundente para que los aliados a Guaidó se sientan impulsados para actuar dentro de los otros escenarios como el TIAR.”

Asegura que el equipo de la expresidenta chilena que se mantiene en suelo venezolano está al tanto de lo que ha ocurrido recientemente en el país, sobretodo con el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuyo cuerpo (hasta el 8 de julio) no ha sido entregado a sus familiares, a más de dos semanas de su muerte.

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“Bachelet había solicitado gestos y compromisos de buena fe de parte de Maduro, y esto corrobora que no hay compromiso alguno, y ella esto lo vio y lo entendió así.”

Además, revela que el equipo de Bachelet ha presionado a través de la cancillería a Maduro para que honre su palabra y “se abra una investigación con relación al capitán Acosta”.

Reacción internacional

El reciente informe de Michelle Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Venezuela fue “inesperadamente exhaustivo y duro” de lo que viven los venezolanos y eso no tardó en reconocerse en la comunidad internacional.

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“Los europeos, matizados, pidieron a la alta comisionada, que dijera cuál era el camino para llegar a la misma conclusión de que es necesaria una comisión internacional de investigación que vaya a Venezuela”

Aristeguieta acotó que los países democráticos piden “que se vaya más allá”, mientras que las dictaduras en el mundo (Cuba, Bielorrusia, etc.) piden que “se deje todo así, que el país está haciendo las cosas como deben hacerse”.

Informó que la organización Human Rights Watch pidió a Bachelet el informe completo para que, junto a las entrevistas realizadas, pase a la fiscalía a la Corte Penal Internacional