Es vital que en los próximos meses podamos avanzar en el establecimiento de una oficina en el país para la promoción y protección de los Derechos Humanos”, expresó Michelle Bachelet, alta Comisionada para los DDHH de la ONU, en su primer discurso de este 2020 ante la sede del organismo en Ginebra, tras el informe presentado el pasado mes de julio de 2019 sobre las violaciones de DDHH bajo el régimen de Maduro.
“Hemos avanzado en la ejecución del plan de trabajo, así como en temas de protección. Mi oficina ha realizado tres nuevas visitas a centros de detención, se ha podido entrevistar a 28 personas de manera confidencial, las observaciones sobre estas visitas se han podido compartir con las autoridades relevantes para su acción”.
Confirmó que han presentado ante el comité de coordinación más de 130 casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos de personas privadas de libertad. “Este comité es un mecanismo de protección interinstitucional establecido en conjunto con mi oficina”, recordó.
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“Agradezco la colaboración de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia, tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos”.
Dijo que su oficina también inició conversaciones para la adopción de un protocolo que les permita observar juicios y monitorear el respeto de las garantías judiciales.
“En conjunto con el gobierno, estamos evaluando el primer semestre de la implementación de la carta de entendimiento firmada en 2019, es vital que en los próximos meses podamos avanzar en el establecimiento de una oficina de país según mi mandato global de promoción y protección de los Derechos Humanos”, adelantó.
Es el segundo informe que Bachelet emite sobre los Derechos Humanos en el país caribeño y en el cual insiste en la necesidad de que las autoridades tomen en cuenta las recomendaciones para comenzar a solucionar el conflicto económico, político y social.
Una de las sugerencias fue la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), brazo armado bajo la administración de Nicolás Maduro, al que se le acusa de posibles ejecuciones extrajudiciales.
