El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó la alerta emitida la noche del domingo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, de una eventual disolución del Poder Legislativo y llamar a elecciones parlamentarias adelantadas.

«Eso está eliminado, nadie le para a lo que aprueban», dijo

No obstante, Cabello creó una comisión con el objetivo de definir la fecha en la que se realizarán elecciones parlamentarias que estará integrada por cuatro constituyentes, entre ellos el presidente del organismo.

Según el segundo del chavismo, la ANC es un poder «plenipotenciario» y «soberanísimo» que tiene la facultad de llamar a elecciones cuando lo considere conveniente, sin la interferencia de ningún otro ente, así la fecha sea previa a lo que establece la Constitución.

«Yo no sé si la derecha tendrá candidato después de todo esto», amenazó, asegurando que el chavismo se está preparando para tales comicios.

Guaidó denunció el pasado domingo estos supuestos planes en un mensaje difundido por redes sociales, donde informó que se había comunicado con otros gobiernos de Latinoamérica y con sus «aliados internacionales», entre los que citó a Estados Unidos, para preparar «una ofensiva política» en caso de una disolución del parlamento.

Asimismo, Cabello aseguró que la visita realizada a Venezuela por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en pasado julio fue para «darle forma» a la supuesta intervención que el chavismo denuncia por parte de la comunidad internacional.

También denunció que Estados Unidos dirigió una carta al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para que el organismo internacional arremeta contra Venezuela.

Finalmente, el órgano chavista aprobó la ordenanza de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que solicita levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional, José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García.

Según la sentencia, los legisladores serían despojados de su fuero parlamentario por haber cometido los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones; instigación pública a la desobediencia, de las leyes y el odio.