El ministro de Relaciones Interiores de Chile, Andrés Chadwick, informó el 2 de julio que su Gobierno estima que unos 300.000 venezolanos podrían llegar a su territorio entre lo que queda de 2019 y el 2020, lo que según sus cálculos, podría duplicar la cifra de migrantes de la nación caribeña que ya están allí desde que aumentó la crisis que se registra en Venezuela.
Así lo indicó Chadwick a la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno la tarde del 1° de julio, en donde explicó la situación ocurrida en las fronteras de Chile con Perú y Bolivia en las últimas semanas, con cientos de venezolanos esperando ingresar a la nación austral debido a que ahora se les exige una visa que se puede tramitar en cualquier consulado de Chile en el extranjero.
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Datos del Ministerio del Interior de Chile revelaron que existe un total de 822 solicitudes, de las cuales en días pasados solo se concedieron 112, luego de que llevaran a los venezolanos en los consulados de ese país en Perú y Bolivia para que tramitaran los papeles correspondientes, todo esto con el fin de hacer una migración más ordenada.
«Hemos recibido a 400 mil ciudadanos venezolanos en nuestro país y establecimos una visa única y especial que no se tiene con ningún otro pueblo, que es la visa de responsabilidad democrática, para efectos de poder garantizar, poder acceder a mejores condiciones de vida», afirmó según subrayó EFE.
«Tenemos una legislación que establece cuáles son los requisitos de ingreso al país y nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley», subrayó.
Ante la posibilidad de que la cifra de migrantes venezolanos en el mundo aumente a 7 millones, de acuerdo a estimaciones de varios organismos internacionales, Chadwick dijo que a la administración de Sebastián Piñera le gustaría ayudar pero que no es su responsabilidad, «sino del gobierno de Nicolás Maduro».
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, pidió a Gobierno de Chile garantizar el derecho a la solicitud de visas y condición de refugio, flexibilizando los requisitos de ingreso en atención a las circunstancias políticas y humanitarias en Venezuela.
Según el jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, el problema en la frontera no se resolvió con el traslado de los venezolanos a Perú y Bolivia para que tramiten las vidas, sino que simplemente «se trasladó el problema», y señaló que en la ciudad peruana de Tacna, muchas personas permanecen a la intemperie.
«Por otra parte, nosotros pudimos observar la falta de atención humanitaria y también la vulneración de derechos humanos, especialmente en el rechazo de solicitudes de refugio por parte de la Policía de Investigaciones en frontera», añadió, en un comunicado.
