La cancillería chilena pidió este lunes evitar opiniones sobre «situaciones de política interna» luego que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmara que su homólogo Sebastián Piñera «metió presas a 2.500 personas» durante la crisis que desde hace dos meses atraviesa Chile.
El canciller chileno, Teodoro Ribera, contactó con su par argentino, Felipe Solá, a quien expresó «su sorpresa» por la respuesta que el domingo, en un programa de televisión de su país, el presidente Fernández dio a una pregunta sobre un informe acerca de la crisis en Venezuela emitido por la oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
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«Yo me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando (Nicolás) Maduro, después de una manifestación apresó 800 personas. (Sebastián) Piñera metió presas a 2.500 personas y nadie dijo nada», respondió Fernández.
«A este respecto, junto con manifestarle su extrañeza sobre estos comentarios, Ribera le precisó (a Solá) la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países», indicó la cancillería chilena en un comunicado.
Ribera le manifestó que en Chile «existe un pleno Estado de derecho y que, en ese marco, no es el Presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos».
La crisis social en Chile estalló el 18 de octubre debido a la protesta de estudiantes por el alza de la tarifa del metro de Santiago. Desde ese momento, las manifestaciones y violentos disturbios se han replicado.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó esta jornada que hasta el 30 de noviembre se han detenido 8.492 personas, de las cuales 1.013 eran niños, niñas y adolescentes.
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Según el Ministerio del Interior de Chile, la cifra de muertos era de 24 personas, sin un desglose sobre las causas de estos fallecimientos.
Pero la Fiscalía Nacional, cuyo registro consideran organismos internacionales como la ONU, manejaba la cifra de 28 muertos, que incluye dos víctimas investigadas por un supuesto suicidio en octubre, y otras dos encontradas calcinadas el sábado pasado en un local comercial incendiado en medio de violentas protestas ocurridas en noviembre en la ciudad de Valparaíso, 120 km al oeste de Santiago.
