El Tribunal Supremo de Brasil falló el 14 de junio que la homofobia será un delito penal, similar al racismo, que tendrá el mismo tratamiento con una pena de hasta cinco años de prisión. 

Ocho de los 11 jueces votaron a favor de la decisión que desató las críticas del presidente del país, Jair Bolsonaro, quien unas semanas atrás había criticado al tribunal por pretender “legislar” sobre ese asunto.

“Están discutiendo si la homofobia puede ser tipificada como racismo. Disculpe Corte Suprema, que yo respeto y jamás atacaría a otro poder, pero, al parecer, están legislando”, declaró Bolsonaro.

“El Estado es laico, pero yo soy cristiano”.

De acuerdo a EFE, organizaciones de derechos humanos calificaron el fallo como “histórico” y que reta al mandatario ultraderechista y a las iglesias evangelistas, que tienen una creciente influencia en Brasil y constituyen una fuerte base política para el Gobierno, a respetar las minorías.

*Lea también: Juicio de extradición a EEUU de Julian Assange será en febrero de 2020

Hasta que el Congreso, también de mayoría conservadora y bajo fuerte influencia de iglesias evangélicas, aprueba una ley, la homofobia se castigará de esa forma.

La sentencia del Supremo también declaró la “omisión” del Parlamento frente a una “discriminación” y un “odio” que llevan a que al menos una persona sea asesinada en Brasil cada día por causa de su orientación sexual.

El apoyo a la medida 

Brasil se suma a la lista de 42 países que hasta ahora consideraban como delito penal toda forma de homofobia.

La sentencia fue “aplaudida” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un mensaje en Twitter recordó que “las personas LGBTI están expuestas a violencia y discriminación” y que “los Estados tienen el deber de garantizar su protección”.

*Lea también: La diseñadora Carolina Herrera fue de “apropiación cultural” por México

Bolsonaro colecciona un largo historial de declaraciones que han sido consideradas de carácter racista, machista u homofóbico y que le han llevado varias veces a responder frente a los tribunales.

Precisamente el 14 de junio, al mismo tiempo que el Supremo debatía la homofobia, el mandatario cumplió con una decisión judicial que le obligaba a disculparse por haber dicho, en 2003, que una diputada no merecía “ser violada” por “fea”.