La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya confirmó la recepción de una denuncia del gobierno interino de Bolivia contra el expresidente Evo Morales por “crímenes de lesa humanidad”, según un tuit de un estudio de abogados de París, publicado este martes por la prensa local.
“Fiscalía de la Corte Penal de La Haya recibe denuncia contra Evo Morales y ex-ministros por presuntos crímenes de lesa humanidad. Puede activarse mecanismo de subsidiaridad”, escribió el jurista Alfonso M. Dorado, en su cuenta Twitter, reproducida por los diarios La Razón de La Paz y El Deber de Santa Cruz.
La “oficina de Fiscalía” de la CPI “confirma recepción de “Communication” bajo el registro OTP-CR-564/19″, agregó.
La CPI, con sede en La Haya, es el órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En una comunicación dirigida a la fiscal de la CPI y publicada en Twitter por Dorado, junto con Morales son señalados el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana (Presidencia), Javier Zabaleta (Defensa) y Wilma Alanoca (Culturas), además del asambleísta de La Paz, Gustavo Torrico.
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Morales dimitió el 10 de noviembre tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas en medio de la convulsión social que siguió a los polémicos comicios del 20 de octubre, y la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina para convocar a nuevas elecciones.
El exmandatario es investigado respecto de un audio en el que una voz -que el gobierno asegura es de Morales- llama a cercar las ciudades y cortar el suministro de combustible y alimentos.
Morales, que gobernó el país durante casi 14 años, se asiló en México junto con García Linera, pero actualmente se halla en Cuba, según el gobierno mexicano. Los otros exministros encausados permanecen en la embajada mexicana en Bolivia a la espera de un salvoconducto.
Según el estudio jurídico Dorado, Morales y sus colaboradores son acusados de “asesinatos selectivos con franco-tiradores, emboscadas, violaciones y agresiones sexuales, toma de rehenes, tortura física y psicológica, terrorismo de Estado, interrupción del acceso a los alimentos así como agua a ciertas ciudades”.
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La recepción de las denuncias no implica que se haya abierto o que se abrirá una investigación, respondió la Fiscalía en una comunicación también publicada por Dorado.
Bolivia se vio sacudida por violentas manifestaciones que dejaron 34 muertos tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales pero que luego fueron anuladas por las “irregularidades dolosas” que reportó la Organización de Estados Americanos.
