Enrique Sierra, el abogado que lleva la causa del concejal Fernando Albán, acudió la mañana del 15 de julio a la sede del Ministerio Público con el fin de consignar más pruebas al expediente para demostrar que el edil no se quitó la vida el 8 de octubre de 2018, sino que habría sido lanzado desde el piso 10 de la sede del Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela.
Sierra consignó como pruebas declaraciones del general de división Manuel Cristopher Figuera, el exdirector del Sebin, que ofreciera en días pasados a medios internacionales en donde aseguró que el concejal Albán habría sido asesinado al ser lanzado desde la altura antes mencionada. «Por eso acudimos y consignamos declaraciones en video y CD para que comiencen a realizar investigaciones pertinentes».
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Dijo que aún no han tenido respuesta sobre las pruebas consignadas, al tiempo que denunció que solo han podido tener acceso al expediente una sola vez, que fue el 21 de noviembre de 2018, por lo que manifestó que no tienen conocimiento de cómo se encuentra la investigación del caso.
Expresó que la familia del concejal Alban, tras nueve meses de su muerte, considera que las declaraciones de Cristopher Figuera confirman la hipótesis de que lo ocurrido con el edil fue una «ejecución extrajudicial».
Señaló que continuarán llevando acciones judiciales de forma interna como insistir en la Fiscalía y llevar denuncias pertinentes, mientras que señaló que se adelantaron gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, dijo que aunque se lleven a cabo diligencias legales en las instituciones venezolanas, «no somos ingenuos porque la probabilidad de respuesta es poco probable».
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El concejal Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en la sede del Sebin de Plaza Venezuela al caer del piso 10 del edificio. Las autoridades gubernamentales, pocos días después de una «investigación exhaustiva», aseguraron que el también militante de Primero Justicia habría saltado de la estructura.
La familia y la oposición aseguran, sin embargo, que Albán murió por sus custodios. En esa oportunidad, su cuerpo fue entregado con urna sellada, que no permitió a los familiares poderlo ver y se dijo que se habría trabajado para poder preservar el cuerpo lo mejor posible para hacer unos exámenes posteriores.
Las declaraciones de Cristopher Figuera se dieron días después del informe de DDHH hecho por la Oficina de DDHH de la ONU por parte de Michelle Bachelet el 5 de julio, que la administración de Nicolás Maduro rechazó tajantemente.
